En Japón, un condenado a muerte se despierta cada día sin saber si será el último de su vida. En la prisión donde está recluido, se le avisa una o dos horas antes de que será ejecutado.
Esta práctica, criticada por la comunidad internacional, está en debate tras la realización de la primera audiencia de una demanda presentada por dos condenados a muerte en el Tribunal de Distrito de Osaka.
Los demandantes exigen un total de 22 millones de yenes (191 mil dólares) en compensación por daños y perjuicios psicológicos.
En la sesión, desarrollada el mes pasado, el equipo legal de los demandantes sostiene que la notificación a última hora de la ejecución viola los derechos humanos y la Constitución, revela Mainichi Shimbun.
La Constitución japonesa establece que no se pueden imponer sanciones penales excepto de acuerdo con un procedimiento establecido por la ley.
Los abogados de los condenados sostienen que la notificación a última hora no es un procedimiento establecido por la ley. En Japón, las ejecuciones se materializan dentro de los cinco días siguientes a la decisión del ministro de Justicia de llevarlas a cabo, pero la ley no dice cuándo se debe informar a los condenados.
La práctica también atenta contra los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, que relieva “la dignidad y el valor de la persona humana”.
Durante la audiencia, el abogado que defiende a los demandantes leyó una declaración escrita en alusión a tres condenados a muerte que habían sido ejecutados después de que sus dos clientes presentaron su demanda:
“No puedo evitar imaginar a los hombres a los que, como si fueran vacas o cerdos llevados a un matadero, les dijeron que serían ejecutados esa mañana, los llevaron a la cámara de ejecución y les colocaron cuerdas alrededor del cuello”.
Al informarles a última hora, se priva a los condenados a ver a sus familias por última vez y despedirse de ellas.
A falta de una versión oficial que explique por qué se avisa a los condenados a última hora, algunas voces, según Mainichi, creen que de esta manera las autoridades buscan evitar que, en caso de que se avise con antelación de una ejecución, se produzcan protestas para que el proceso se lleve a cabo sin problemas. (International Press)
