La ley de inmigración de Japón obliga a los funcionarios del Estado a reportar la presencia de ciudadanos extranjeros que viven de manera ilegal en el país.
La pandemia de coronavirus, sin embargo, ha forzado a poner la salud por encima de la ley para evitar la propagación del virus, motivo por el cual los gobiernos de las 47 prefecturas de Japón no están obligadas a denunciar a los extranjeros ilegales que se vacunan.
La prioridad del Ministerio de Salud es detener la expansión del virus, para lo cual es fundamental crear un ambiente en el que “cualquier persona pueda vacunarse sin miedo”, subraya en su notificación a los gobiernos locales, revela Yomiuri Shimbun.
La disposición ha sido bien recibida por la profesora universitaria Eriko Suzuki, especializada en políticas para extranjeros, quien tras hacer notar que muchos ilegales viven o trabajan en sitios donde hay mucha gente y, por ende, con alto riesgo de infección, enfatiza: “Si pueden vacunarse con tranquilidad, sus vidas estarán protegidas y se controlará la propagación de la infección en la sociedad japonesa”.
“La vacunación y la vigilancia policial deben estar separadas”, añade.
En línea con lo dispuesto por el gobierno central, el municipio de la ciudad de Oarai, en la prefectura de Ibaraki, comenzó a inmunizar a personas sin visado desde el mes pasado.
Alrededor del 5 % de su población es extranjera.
Si bien la policía de Ibaraki aclara que no tiene previsto suavizar sus acciones en la aplicación de la ley de inmigración, asegura que no actuará en los lugares de vacunación contra los extranjeros en situación de ilegalidad. (International Press)
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