La familia de Wishma Sandamali, una mujer de 33 años y oriunda de Sri Lanka que murió en marzo pasado en un centro de detención en Nagoya y que arrastraba problemas de salud desde enero, busca la verdad acerca de su muerte.
En abril, las dos hermanas de Wishma solicitaron a la Oficina Regional de Inmigración de Nagoya los documentos oficiales relacionados con el caso. Las autoridades de inmigración se negaron al principio, pero después recularon y este mes la familia recibió tres cajas con papeles.
El problema es que las 15.113 hojas sobre Wishma (informes médicos, registros de visitas recibidas, reportes de los funcionarios del centro de detención, etc.) están en su mayoría tachados, denunció el abogado de las hermanas, según Asahi Shimbun.
En una conferencia de prensa, el letrado mostró algunos de los papeles con tachaduras en negro.
La familia criticó a las autoridades de inmigración por su falta de transparencia y se quejó de que está ocultando información clave sobre el caso.
Poornima, una de las hermanas de Wishma, dijo que con tantas partes de los documentos censuradas no puede confiar en el informe final que las autoridades de inmigración publicaron la semana pasada.
«Pienso que la Oficina quiere ocultar el hecho de que mi hermana fue asesinada», remarcó.
Para el abogado de la familia, Shoichi Ibusuki, las autoridades de inmigración buscan tapar irregularidades.
La Oficina de Inmigración de Nagoya no muestra “ningún signo de remordimiento”, según Ibusuki.
Wishma estaba detenida por permanecer en Japón de manera ilegal. Pese a sus problemas de salud, la mujer no recibió atención médica adecuada. Además, se le negó la libertad provisional, tal como había sugerido un médico que la examinó.
Si bien la Oficina reconoce en su informe que hubo negligencia en la muerte de Wishma, solo amonestó a los trabajadores del centro involucrados.
Con respecto a las tachaduras, las autoridades alegan razones de privacidad y seguridad, así como su “neutralidad como organismo administrativo”.
Por otro lado, cuatro organizaciones japonesas de derechos humanos criticaron el informe tildándolo de “completamente insuficiente”. (International Press)
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