Con la ejecución de dos hombres el jueves y de 13 miembros de la secta Verdad Suprema en julio, el número de ejecutados en Japón en 2018 ascendió a 15, igualando la cifra récord de 2008 (desde que la pena de muerte volvió a aplicarse en 1993), informó Mainichi Shimbun.
Keizo Okamoto (60) y Hiroya Suemori (67) son las primeras personas que el ministro de Justicia, Takashi Yamashita, ordena ejecutar desde que asumió el cargo en octubre.
Yamashita declaró a los medios que el caso de asesinato-robo por el que fueron condenados fue «extremadamente cruel» y que firmó las ejecuciones «basándose en deliberaciones muy cautelosas».
Con respecto a la pena capital en general, Yamashita dijo que «no es apropiado abolirla».
Okamoto, un exyakuza, y Suemori, un exasesor de inversiones, se aliaron con una tercera persona para robarles cien millones de yenes (902 mil dólares) al presidente y un empleado de una compañía de asesoría de inversiones.
Luego, los estrangularon hasta matarlos. Okamoto y Suemori encerraron los cuerpos en concreto y los enterraron en una aldea en Kioto en julio del mismo año.
Los crímenes ocurrieron en enero de 1988 en Osaka.
En 1995, el Tribunal de Distrito de Osaka condenó a muerte a los hombres. En 1999, el Tribunal Superior de Osaka ratificó la pena capital. En 2004, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de los condenados, a quienes se refirió como «despiadados, desalmados y crueles».
Tras la ejecución de Okamoto y Suemori, 110 personas están en el corredor de la muerte en Japón, incluyendo a Iwao Hakamada, un hombre de 82 años que fue liberado en espera de un nuevo juicio.
Una encuesta realizada por el gobierno de Japón en 2014 halló que para el 80,3 % de los japoneses la pena de muerte es inevitable, mientras que el 9,7 % estaba a favor de su abolición. 1.826 adultos respondieron al sondeo. (International Press)
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