Los periodos de detención en las instalaciones operadas por la Oficina de Inmigración de Japón están aumentando, revela Yomiuri Shimbun.
17 centros de inmigración en todo Japón albergan a los extranjeros que las autoridades japonesas prevén deportar por permanecer de manera ilegal en el país o realizar trabajos ilegales.
El año pasado, 1.351 personas estaban detenidas en los centros, de las cuales 576, alrededor del 42 %, llevaban encerradas seis meses o más, periodo considerado como «prolongado». En octubre de 2013, la proporción era de 31 %.
En estas instalaciones, los extranjeros permanecen detenidos hasta que son deportados a sus países de origen.
Aquellos que aceptan la deportación, pueden regresar a sus países de inmediato. Si se rehúsan o los gobiernos de sus países se niegan a emitir los pasaportes, permanecen en las instalaciones por un largo período de tiempo.
Ahora bien, existe un sistema de liberación provisional, por razones humanitarias, para estos casos. Los extranjeros que se benefician de él pueden recuperar la libertad.
Sin embargo, ha habido casos de detenidos que se niegan a ser deportados con la esperanza de acogerse a dicho sistema. Además, se han reportado asaltos, robos y delitos relacionados con las drogas, e incluso asesinatos, cometidos por extranjeros en libertad provisional.
Por otro lado, muchos detenidos presentan repetidamente solicitudes para ser reconocidos como refugiados, lo que detiene el proceso de deportación hasta que Japón resuelva sus pedidos de asilo. El año pasado, 913 extranjeros detenidos por permanecer de manera ilegal en el país solicitaron acogerse a la condición de refugiados.
En este escenario, Japón decidió ser más estricto.
En 2015, el sistema de liberación provisional benefició a 3.606 extranjeros. En 2017, el número descendió a 3.106. Fue el segundo año consecutivo de declive.
En febrero de este año, Japón endureció más aún su política: el Ministerio de Justicia decidió no otorgar libertad provisional a los detenidos que repetidamente solicitan ser reconocidos como refugiados o que han cometido delitos graves.
Los largos periodos de detención han llevado a algunos detenidos a hacer huelgas de hambre e incluso al suicidio. En abril, un indio de 31 años se colgó con una toalla en un centro de inmigración en Ibaraki. El hombre llevaba alrededor de nueve meses detenido y su solicitud de liberación provisional había sido rechazada. La desesperación ante su incierto futuro, según Yomiuri, lo habría empujado a quitarse la vida. (International Press)
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