«La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias», dice informe publicado hoy.
México se convirtió por segunda vez en el país con mayor impunidad de América Latina, situándose en la cuarta posición de 69 naciones de la ONU evaluadas en el informe de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), solo después de Filipinas, India y Camerún.
El Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, que da continuidad a otro estudio de 2015, señaló que hay trece países con muy alta impunidad; Filipinas, con 75,6 puntos sobre 100, India (70,94), Camerún (69,39), México (69,21), Perú (69,04) y Brasil (66,72 puntos).
Mención aparte merece Venezuela -que junto con Brasil, Perú, Ecuador, Granada, Guatemala y República Dominicana se agregaron por primera vez al informe-, que obtuvo un nivel de impunidad de 67,24 puntos, pero los autores del informe consideran que la nación está en «observación crítica» ante un posible sesgo de información.
Positivamente, los Estados con un muy bajo índice de impunidad son Croacia (36,01 puntos), Bulgaria (37,19), Eslovenia (37,23) Suecia (39,15) y Noruega (40,90 puntos).
En la parte media de la tabla se ubican varias naciones europeas como Irlanda (50,20 puntos), Dinamarca (50,70), Italia (53,35) o Portugal (53,98 puntos).
Con 52,31 unidades, España se ubica en la posición 43 de 66.
En el informe de 2015, México quedó en la segunda posición de las 59 naciones que aparecían en el documento, solo después de Filipinas.
El estudio contempla datos estadísticos de la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), necesarios para formar parte de este análisis elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la UDLAP.
El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, recordó que este índice no mide la violencia -mayor en países como El Salvador o Brasil-, sino «una serie de parámetros que conducen a la violencia y corrupción», como el sistema de justicia, seguridad o el respeto a los derechos humanos.
En este contexto, el estudio reportó que México padece graves violaciones a los derechos humanos y debe atender la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
No se «sobresale» en ningún subíndice, ni ha habido mejoras frente al análisis anterior, dijo Derbez, quien fue ministro de Economía y de Relaciones Exteriores en la administración de Vicente Fox (2000-2006).
Entre los puntos más críticos de México está que solo hay 4,2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 16,23 jueces.
Ello lleva a que un 43 % de la población detenida no haya recibido sentencia y a que, por desconfianza, solo siete de cada cien delitos se denuncien.
El país cuenta con 359 policías por cada 100.000 habitantes, por arriba de la media de 319 agentes.
Pero este no se considera «un oficio digno» y, al tener tan bajos salarios, se termina en un «círculo vicioso» donde el cuerpo de seguridad utiliza su posición para extorsionar, remarcó Derbez, quien busca ganar la candidatura del conservador Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones presidenciales del 2018.
Los problemas mexicanos son, en mayor o menor medida, extrapolables a otros países de América Latina, pues ningún país del continente presente en el informe se encuentra en un índice bajo de impunidad.
«Reiteramos nuestra preocupación por la combinación de altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que caracterizan la región. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias», resaltó el documento.
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