Campos de concentración para japoneses en EEUU: historia puede repetirse con otros

Sobrevivientes temen a las medidas de Trump

El Museo Nacional Japonés Americano organiza una muestra a 75 años de la orden que creó los campos de concentración.

Ana Milena Varón / EFE

Setenta y cinco años después de que el presidente de EE.UU. Franklin D. Roosevelt firmara una orden ejecutiva para recluir en campos de concentración a miles de personas de origen japonés, muchas de ellas latinoamericanas, los sobrevivientes de aquella injusticia temen que pueda repetirse.


«Estamos preocupados acerca de lo que está pasando ahora en Washington. ¿Qué clase de orden ejecutiva va a expedir el presidente Trump, una orden para poner a los musulmanes en campos de concentración?», dijo a Efe Kanji Sahara, de 82 años y sobreviviente de uno de los campos de concentración estadounidenses.

Actualmente, tanto los sobrevivientes como los defensores de los derechos humanos temen que una de las mayores demostraciones de poder del ejecutivo estadounidense en la historia se vuelva a dar de forma equivocada.

La orden ejecutiva 9066, firmada el 19 de febrero de 1942 por el presidente Roosevelt, llevó a la reclusión en campos de concentración a más de 120 mil japoneses estadounidenses inocentes con el argumento de que podrían representar un peligro para el país, que en ese momento se enfrentaba a Japón en la Segunda Guerra Mundial.


Sahara vivió en carne propia los estragos de esta orden ya que a sus 10 años fue detenido junto a sus padres y sus tres hermanas en Los Ángeles y llevado a uno de los campos de detención a pocas millas del que era su hogar.

El japonés oriundo de Hiroshima, recuerda que todos sus vecinos fueron arrestados, sin importar su edad.

Incluso los niños nacidos en Los Ángeles, de orígenes japoneses, fueron llevados a esos campos de concentración como es el caso de Bill Shishima, quien fue detenido a sus 11 años y el actor George Takei arrestado junto a sus padres cuando solo tenía 5 años de edad.


La mayoría de las detenciones se concentraron en la zona oeste del país y los prisioneros eran presionados para abandonar el país y regresar a Japón.

La orden ejecutiva también permitió la persecución y el arresto de más de 2.200 japoneses que vivían en 13 países latinoamericanos, la mayoría peruanos, que fueron trasladados a Estados Unidos con el propósito de ser intercambiados por prisioneros de guerra.


Robin Toma, abogado que lideró una de las demandas contra el Gobierno estadounidense, explicó que se secuestraba primero a los jefes de familias para obligar a los miembros de esta a abandonar todo e ir detrás de sus seres queridos.

«Era un plan para asegurar que los japoneses latinoamericanos se volvieran sin estado, sin defensa contra el uso de ellos como intercambio», indicó Toma.

Tony Kaz Naganuma, nacido en el Callao (Perú), recuerda cómo siendo niño fue detenido en su país junto a sus padres y enviado en barco hasta Texas en 1944.

Tres años después recuperaron la libertad, sin un centavo en el bolsillo y hallándose en un país extraño.

Tras años de silencio, en 1988, el Gobierno de Estados Unidos pidió perdón y aprobó una compensación económica de 20.000 dólares a casi 60 mil sobrevivientes.

«No hay pago que pueda reponer esos días», dijo en su momento el presidente Ronald Reagan durante su discurso.

 

«No es una cuestión de que no me afecta a mí, entonces está bien hacerlo con los musulmanes. Próximamente será otro grupo: los inmigrantes de México que ya estamos viendo».

 

No obstante, los japoneses latinoamericanos que habían sido traídos a Estados Unidos no fueron incluidos en la compensación, ni en las disculpas por no ser ciudadanos estadounidenses en el momento de su arribo.

Diez años después, Robin Toma junto a otros abogados logró que la administración Clinton pidiera disculpas a los japoneses latinoamericanos afectados y aceptó pagar 5.000 dólares a cada uno de ellos.

Ahora, 75 años después, cuando ya se pensaba que la lección estaba aprendida sobre los estragos que puede originar una orden ejecutiva como la 9066, varias organizaciones como Nikkei for Civil Right Redress (NCRR) están alarmadas por las medidas que ha tomado de la Administración Trump.

Kathy Masaoka, portavoz de NCRR quién trabaja con la comunidad latina, advirtió sobre el miedo, la histeria y la ignorancia sobre este tema que está desatando una ola de discriminación en todo el país, sin importar el origen de las personas.

«Es muy importante enseñarle a la gente acerca de la solidaridad, de apoyarse una a la otra», aseveró.

Es por esta razón, con el fin de concienciar al pueblo, que el Museo Nacional Japonés Americano en Los Ángeles organiza la exhibición Instructions to All Persons: Reflections on Executive Order 9066 (Instrucciones para todas las personas: Reflexiones sobre la orden ejecutiva 9066), donde desplegarán el original de la orden firmada por el presidente Roosevelt.

«Estas ordenes ejecutivas del presidente Trump son una amenaza a todos nosotros, estos capítulos de la historia del pasado pueden ser capítulos en el futuro», apuntó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, durante la inauguración de la exhibición.

El mensaje de los sobrevivientes y de los activistas se resume en la necesidad de unirse y vigilar las medidas ejecutivas que puedan afectar a todas las minorías.

«No es una cuestión de que no me afecta a mí, entonces está bien hacerlo con los musulmanes. Próximamente será otro grupo: los inmigrantes de México que ya estamos viendo», concluyó Toma.

 


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