Metodología ha sido elogiada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica
Andrés Sánchez Braun / EFE
Casi tres años después del accidente de Fukushima y ante la desconfianza que aún generan los persistentes vertidos de la central, Japón ha comenzado a mostrar finalmente al público la meticulosa red con la que mide la radiación en sus productos marinos.
El Instituto de Investigación de Ecología Marina (MERI) es uno de los 27 laboratorios que analizan para la Agencia de Pesca de Japón los niveles de yodo y cesio radiactivos (el estroncio debe calibrarse en otros centros) en pescado, moluscos, crustáceos, algas, y también en sedimentos y en agua marina y dulce.
El MERI, situado en la localidad costera de Onjuku (unos 75 kilómetros al sureste de Tokio), examina diariamente una docena de capturas realizadas en la costa oriental de Japón, desde Hokkaido, la isla más septentrional, hasta Chiba, al este de Tokio.
Su estricta metodología evidencia las alabanzas que han recibido los exhaustivos programas nipones de vigilancia de productos agrícolas y marinos por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
Sin embargo, las puertas de laboratorios como estos no han sido abiertas a los medios de comunicación hasta dos años y 10 meses después del accidente, y sólo tras conocerse el pasado verano que la central de Fukushima aún vierte diariamente cientos de toneladas de agua radiactiva al océano Pacífico.
Durante ese lapso, la suspicacia de los consumidores nipones ha aumentado, mientras países como Corea del Sur han prohibido la importación de productos del mar de buena parte del país, al considerar que Tokio no ha ofrecido suficiente información sobre las consecuencias y la gestión del accidente atómico.
«Nuestros esfuerzos han sido insuficientes a la hora de comunicar la labor que se realiza para garantizar la seguridad de estos alimentos», admite Kiyotaka Hidaka, principal coordinador de investigación de la Agencia de Pesca.
Por ello, el Gobierno ha comenzado a realizar campañas en lonjas y mercados de Japón (muchos de los cuales hacen sus propios análisis adicionales) para explicar los controles que se realizan o a elaborar documentos informativos en coreano, chino, inglés, francés o castellano.
En el MERI, todos los productos que llegan a diario han sido capturados entre 24 y 48 horas antes en profundidades máximas de hasta 400 metros.
Estas cajas de productos marinos deben ser despachadas regularmente por las distintas cooperativas de las prefecturas orientales de Japón de acuerdo a las directrices que marca la Ley de Higiene Alimentaria.
Unas 200 especies marinas en total, desde calamares o pepinos de mar hasta cangrejos, atunes o erizos, son analizados aquí cada semana con una escala de prioridades muy clara.
«Todas las que han registrado en algún momento después del accidente 50 o más becquereles de material radiactivo por kilo (el límite máximo que establece Japón para el consumo es de 100 becquereles) y aquellas de temporada tienen siempre prioridad», aclara Atsushi Suginaka, representante de la Agencia de Pesca.
Con cada nuevo pescado que pasa por una de las cuatro unidades de tratamiento, los empleados deben cambiarse los guantes de látex y esterilizar los cuchillos y tablas con alcohol para no corromper la muestra.
Tras limpiar una hembra salmón recién llegada, a la que se le retiran también las huevas (éstas deben medirse aparte), la carne se mete en una picadora hasta dejarla convertida prácticamente en puré.
Esa pasta se embolsa y se introduce durante una hora en uno de los dos detectores de germanio del MERI, aparato que muestra los niveles de contaminación.
«Hemos llegado a detectar hasta 3.000 becquereles de material radiactivo en una lubina pescada en Ibaraki (la prefectura que limita al sur con Fukushima). Por supuesto, la distribución de esa especie en esa zona está terminantemente prohibida ahora», explica Nobuhiro Nonaka, técnico del laboratorio.
Lo mismo sucede con las lubinas y lenguados (ambas especies nadan a gran profundidad, donde se tiende a acumular más radiación) en fondeaderos de Miyagi e Iwate, las dos prefecturas al norte de Fukushima, región en la que solo se pueden realizar capturas para hacer mediciones, pero en ningún caso para comercializar.
«Sin embargo, esos no son los niveles normales», dice Nonaka, que asegura que ahora mismo el 99,2 % de las muestras que analizan en el MERI está por debajo del límite de 100 becquereles que marca la ley, una cifra que al principio de la crisis era del 53 %.
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