Explotación de trabajadores chinos pone sobre la mesa el tema de la inmigración
Los medios en Japón difunden con profusión que el número de turistas chinos creció casi un 75 % en octubre, mientras que los grandes negocios se frotan las manos ante el incremento de sus ventas impulsadas por la creciente demanda de los visitantes del gigante asiático.
Sin embargo, hay otra realidad que involucra a ciudadanos chinos en Japón que apenas recibe atención mediática.
Associated Press narra la historia de un joven obrero chino cuya situación dista mucho de la de sus prósperos compatriotas que hacen turismo.
Entusiasmado por la posibilidad de triplicar sus ingresos trabajando durante tres años en Japón, el joven obrero Wang Ming Zhi abandonó su natal China tras desembolsar 7.300 dólares para cubrir los costos de su traslado y colocación.
La realidad que encontró fue otra. Wang se afilió a un programa de capacitación para extranjeros establecido en 1993 que en la práctica se parece poco a lo que propone sobre el papel.
Wang fue destinado a un gran almacén, donde tenía que llenar cajas con ropa, juguetes y otros productos. Su jefe se negó a proporcionarle un contrato de trabajo y mes a mes retenía su salario.
Cuando el trabajador chino y otros extranjeros en su situación se quejaron, su empleador les dijo que si no estaban conformes con su situación podían irse.
Wang afirma que no tenía otra opción que quedarse, pues tenía que recuperar su inversión y no tenía cara para regresar a casa y decirle a su familia que no tenía los 40.000 dólares que había esperado ganar en sus tres años de trabajo en Japón.
El programa de capacitación teóricamente apunta a mejorar la capacidad técnica de trabajadores de países como China y Vietnam, pero en la práctica se convierte –a veces– en una fuente de mano de obra barata.
8 trabajadores y extrabajadores extranjeros del mencionado programa, entrevistados por AP, aseguran que fueron engañados con respecto a las remuneraciones y forzados a trabajar horas extras y pagar enormes cantidades de dinero por el alquiler de viviendas en pésimas condiciones de salud.
La historia de Wang pone en evidencia la precariedad laboral de un mercado como el japonés que ante el envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza laboral contrata a extranjeros a los que muchas veces no proporciona condiciones dignas de empleo.
Shoichi Ibusuki, un abogado que defiende a trabajadores extranjeros, declara a AP que el programa de capacitación es descrito como una manera de transferir tecnología y realza el rol de Japón como país solidario, cuando en realidad mucha gente trabaja en condiciones de esclavitud.
La situación de gente como Wang vuelve a poner sobre la mesa el tema de los inmigrantes extranjeros. Algunas voces sostienen que Japón debe reconsiderar su resistencia a la inmigración, pues esta es vital para su supervivencia económica. Un estudio gubernamental estima que la población laboral en Japón –afectada por el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad– caería sustancialmente a 44 millones en el próximo medio siglo.
Los extranjeros y los inmigrantes de primera generación representan menos del 2 % de la fuerza laboral en Japón, ratio que está muy lejos del 14,2 % en Estados Unidos y 11,7 % en Alemania, por citar un par de ejemplos.
Diversos sectores, entre ellos los sindicatos, han pedido que se elimine el controvertido programa de capacitación y sea reemplazado por un sistema formal de empleo de trabajadores extranjeros, con el fin de lidiar con la escasez de mano de obra no calificada y la renuencia de los jóvenes japoneses a hacer trabajos difíciles, sucios o peligrosos.
Hidenori Sakanaka, exjefe de la Oficina de Inmigración de Tokio, no se anda con medias tintas: asegura que Japón necesita 10 millones de inmigrantes en los próximos 50 años o su economía se derrumbará.
«Esa es realmente nuestra única salvación,» dice Sakanaka. «Deberíamos permitir que (los extranjeros) entren en el país asumiendo que podrían convertirse en residentes de Japón».
Sin embargo, es poco probable que ello ocurra en un país donde la inmigración es percibida como una amenaza a la armonía social, según AP.
Hace más de 20 años, Japón comenzó a otorgar visas especiales a latinoamericanos de ascendencia japonesa, pero muchos no pudieron adaptarse a la tierra de sus antepasados. Más aún, tras el estallido de la crisis financiera mundial en 2008, les ofreció dinero para que retornasen a sus países de origen.
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