Proyectos de ley buscan promover la inversión
El Gabinete del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aprobó hoy una batería de proyectos de ley con los que prevé promover la inversión y la reestructuración empresarial así como endurecer las penas relacionadas con los casos de fraude a la seguridad social.
De cara a impulsar la competitividad empresarial, el paquete de medidas prevé suavizar la regulación actual para facilitar a las empresas niponas el desarrollo de nuevas estrategias de crecimiento y la inversión de capital, detalló la agencia Kyodo.
La nueva legislación también dinamizará, mediante incentivos fiscales, las inversiones en alianzas de riesgo compartido y en alta tecnología, mientras que animarán a los municipios a impulsar la creación de nuevas empresas, bien a través de emprendedores o en cooperación con otras firmas.
El Gobierno espera que el Parlamento, donde cuenta con mayoría en ambas Cámaras, apruebe esta medida de impulso empresarial dentro del actual año fiscal, que concluye el próximo 31 de marzo de 2014.
Al margen, a primeros de mes el Ejecutivo ya aprobó un paquete de estímulo por valor de 6 billones de yenes (casi 45.000 millones de euros) para compensar al tejido empresarial del posible impacto negativo de la subida de los impuestos sobre el consumo, que el 1 de abril pasarán del 5 al 8 por ciento.
Entre los proyectos de ley aprobados por el Gabinete se encuentran también dos medidas para endurecer las sanciones a los defraudadores a la seguridad social y para ampliar las ayudas a las familias más necesitadas.
En este sentido, las multas a los defraudadores se elevarán desde los 300.000 yenes (2.243 euros) actuales hasta el millón de yenes (casi 7.500 euros), al tiempo que también se enfrentarán a sanciones que les pueden obligar a devolver el dinero defraudado con unos intereses de hasta un 40 por ciento.
Además, la ley fomentará el uso de medicamentos genéricos, creará ayudas suplementarias de asistencia para casos específicos, e introducirá subsidios permanentes al alquiler para ayudar a aquellas personas que hayan perdido sus casas tras perder el empleo.
Entre el resto de proyectos de ley destaca también una medida para endurecer las sanciones a los que filtren información clasificada, en su intención de establecer una versión nipona del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.
En este sentido, la prisión en casos de revelación de secretos de Estado podría llegar a doblarse y pasar del máximo de 5 años de cárcel actual hasta penas de 10 años. (EFE)
