Gobierno de Obama tiene acceso a millones de llamadas telefónicas de sus ciudadanos
La Ley Patriota, que amplió los poderes policiales del Gobierno de Estados Unidos tras los atentados terroristas del 2001, está nuevamente en el centro del debate tras conocerse que ha servido de amparo para registrar millones de llamadas telefónicas.
Con las atribuciones otorgadas por aquella ley y la autorización de un tribunal secreto creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa) de 1978, el Gobierno puede examinar a diario y de forma ilimitada los registros telefónicos de millones de clientes de Verizon, ATT y Sprint durante tres meses, aunque sin acceder a su contenido.
Según los diarios The Washington Post y el británico The Guardian, al menos nueve compañías proveedoras de acceso a internet han estado sometidas también a la vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por su sigla en inglés). Las empresas han negado ser conscientes de esa vigilancia.
«Los avances en la tecnología desde que se promulgó la ley han expandido la información disponible para el gobierno mediante el uso de sus estipulaciones», dijo a Efe Daniel J. Metcalfe, de la escuela de leyes de American University, con sede en Washington.
El título oficial de la ley que el entonces presidente George W. Bush firmó el 26 de octubre de 2011 es USA PATRIOT Act. La ley nació con el objetivo de unificar y fortalecer a EE.UU. «mediante la provisión de las herramientas apropiadas para interceptar y obstruir el terrorismo».
Metcalfe, jubilado tras un cuarto de siglo en el Departamento de Justicia, todavía recuerda el apuro con que se redactó y se envió al Congreso la legislación tras la conmoción nacional provocada por los atentados del 2001 en Washington y Nueva York.
En 2005 el entonces recién llegado senador demócrata Barack Obama votó a favor de la extensión de la vigencia de la Ley Patriota.
Tres años después, durante su campaña presidencial, Obama hizo la salvedad de que algunas estipulaciones de la Ley Patriota, en particular su Sección 215 que permite que el Gobierno revise registros de las actividades individuales, iban «demasiado lejos».
«La Ley Patriota se aplica en los esfuerzos para impedir los atentados terroristas», explicó Metcalfe, quien añadió que los avances tecnológicos hacen que comience a cuestionarse la constitucionalidad de las actividades del Gobierno federal.
En 2011 el ya presidente Obama promulgó otra extensión de la Ley Patriota, esta vez hasta el 1 de junio de 2015 sin modificaciones en la Sección 215 que autoriza la intromisión del Gobierno en los registros que están en manos de terceras partes, como las cuentas bancarias, bibliotecas, agencias de viaje, alquileres de vídeos, teléfonos, datos médicos, de iglesias, sinagogas y mezquitas.
Todo ello se hizo sin la autorización de tribunal alguno durante el gobierno del presidente Bush y se extendió con autorizaciones de un tribunal secreto bajo la presidencia de Obama, y puede hacerse sin el conocimiento o el consentimiento de las personas espiadas.
Todo lo que se necesita es que el Gobierno le diga a un tribunal secreto que precisa esos materiales para proteger al país del terrorismo.
«Esto es grave, realmente grave», dijo en una entrevista con la cadena CNN de televisión el representante republicano Jim Sensenbrenner, autor del proyecto de lo que luego sería la Ley Patriota.
«Esas pesquisas tan amplias jamás fueron la intención de la ley, y son excesivas y contrarias a la esencia estadounidense», dijo.
En el caso de las revelaciones más recientes sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en inglés) en realidad el gobierno no ha recolectado -o dice que no ha recolectado- el contenido de las comunicaciones capturadas, sino sólo las conexiones y sus fechas.
«Ahora han registrado las llamadas de cada cliente de Verizon», comentó Jonathan Turley, profesor de leyes en la Universidad Georgetown.
«¿Cuándo se levantarán los ciudadanos y dirán que esto es el colmo? Marchamos hacia un poder autoritario», subrayó.
El presidente Obama recordó que el Congreso ha aprobado cada renovación de la Ley Patriota, y la senadora demócrata Dianne Feinstein, que preside el Comité de Inteligencia de la cámara alta, reveló el domingo en un programa de televisión que el tribunal secreto renueva cada tres meses las órdenes de investigación.
Por su parte el representante republicano Mike Rogers, que preside el Comité de Inteligencia en la cámara baja, sostuvo que el programa de la NSA no consiste en un aprovechamiento masivo de los datos y afirmó que ha ayudado a desbaratar atentados terroristas en EE.UU. desde hace varios años.
El senador republicano Saxby Chamblis indicó en una entrevista televisada este domingo que «no hay nada nuevo en esto y se ha llevado a cabo por siete años». (EFE)
