Una democracia debe proteger los derechos humanos, afirma Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) criticó a Japón por reanudar la aplicación de la pena de muerte tras 20 meses en que se inhibió de hacerlo, informó la agencia Kyodo.
Desde marzo del año pasado, cuando el gobierno japonés volvió a poner en marcha la pena capital, han sido ejecutadas diez personas. La última vez que se aplicó fue en febrero, bajo la administración del actual primer ministro Shinzo Abe.
AI hizo hincapié en el sorprendente hecho de que la pena de muerte se reanudó bajo el mandato del hoy opositor Partido Democrático, que tuvo una ministra de Justicia que estaba en contra del máximo castigo que puede recibir un ser humano.
La organización de derechos humanos expresó su preocupación por el hecho de que el nuevo gobierno siga la línea del anterior.
AI también puso en duda las encuestas que revelan que supuestamente la gran mayoría de japoneses (un 80 por ciento aproximadamente) está favor de la pena de muerte, y cree que las cifras podría ser manipuladas para mantener el actual estado de cosas.
“El gobierno también tiene el deber de proteger el derecho a la vida de los criminales”, dijo Chiara Sangiorgio, activista de la organización, en declaraciones a Kyodo.
Sangiorgio aseguró que la intención de Japón de mostrarse como un líder mundial en democracia no es viable si no protege los derechos humanos. «Es importante que Japón lleve a Asia en la dirección correcta», subrayó.
Los países donde se llevan a cabo más ejecuciones, según Amnistía, son China, Irán, Iraq, Arabia Saudita y Estados Unidos.
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