Japón registró 177.726 niños de nacionalidad extranjera en edad escolar en el año fiscal 2025, la cifra más alta registrada hasta ahora. Sin embargo, 9.153 menores podrían no estar escolarizados, según una encuesta del Ministerio de Educación.
Muchos de estos niños son hijos de trabajadores extranjeros que llegaron a Japón en el marco de la política gubernamental de ampliar la contratación de mano de obra extranjera. Su presencia plantea también la cuestión de cómo garantizar que puedan acceder a la educación y continuar sus estudios.
La cifra de menores que podrían no estar escolarizados aumentó en 723 respecto al año anterior. El acceso a la educación no termina con la posibilidad de matricularse. Para los niños extranjeros, las dificultades con el japonés pueden convertirse en un obstáculo para aprender, avanzar de curso y continuar los estudios, especialmente cuando no reciben suficiente apoyo lingüístico.
En 20 prefecturas existen modalidades especiales de admisión a los institutos públicos de secundaria superior para estudiantes de origen extranjero que necesitan apoyo con el japonés. Las medidas incluyen exámenes con «furigana», menos asignaturas o evaluaciones mediante redacción y entrevista.
Aun así, la demanda supera las plazas disponibles en varias regiones. En Tokio, 486 estudiantes solicitaron ingresar mediante esta modalidad para 245 plazas. En Osaka, hubo 347 aspirantes para 132 vacantes, mientras que en Kanagawa fueron 236 para 229 plazas.
Algunas prefecturas limitan estas modalidades a los estudiantes que llevan tres años o menos en Japón. Para quienes todavía están aprendiendo el idioma, el tiempo de residencia y las exigencias académicas pueden dificultar el acceso a la secundaria superior.
Las barreras también afectan a quienes quieren llegar a la universidad. Una encuesta del Ministerio de Educación basada en datos de 2023 situó en el 46,6 % la tasa de acceso universitario entre estudiantes que necesitan apoyo con el japonés, frente al 75 % del conjunto de estudiantes de secundaria superior.
La dimensión del desafío se extiende por todo el país. En 753 municipios, equivalentes al 43 % del total, vivían al menos diez niños extranjeros en edad escolar. Por tanto, las dificultades educativas de esta población no se limitan a las grandes ciudades.
La falta de información escolar en varios idiomas y determinadas dificultades administrativas pueden impedir que las familias conozcan los procedimientos de matriculación o que las autoridades confirmen si los menores asisten a clases. La situación migratoria de algunas familias también puede complicar su registro.
La educación es un derecho fundamental porque permite adquirir conocimientos, desarrollar capacidades y ampliar las posibilidades de futuro. Aunque la legislación japonesa no impone a los padres extranjeros la misma obligación de escolarización que a los japoneses, la nacionalidad de un niño no debería determinar sus oportunidades de aprender. (International Press)
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