El Gobierno japonés aún no ha explicado cómo financiará la reducción del impuesto al consumo de alimentos y un programa de ayudas vinculado a los ingresos, impulsados por Sanae Takaichi para aliviar el aumento del coste de la vida.
El plan prevé bajar del 8 % al 1 % el impuesto sobre los alimentos durante dos años, a partir de abril de 2027. La reducción y las ayudas requerirían alrededor de 10 billones de yenes en total (unos 64.000 millones de dólares).
El pasado lunes, Takaichi abrió la posibilidad de emitir bonos del Estado para cubrir parte del coste, pese a sus declaraciones anteriores de que la financiación se conseguiría sin recurrir a nueva deuda pública. El cambio refleja las dificultades para asegurar los recursos.
El debate parlamentario comenzó el martes en la Cámara de Representantes. La oposición cuestiona el coste anual, estimado en unos cinco billones de yenes, y reclama detalles sobre quiénes recibirán las ayudas económicas.
El Ejecutivo afirma que revisará los ingresos y los gastos y controlará la emisión anual de bonos. Sin embargo, aún no ha presentado un desglose concreto de cómo reunirá los 10 billones de yenes necesarios.
La aprobación final tampoco está asegurada: la coalición gobernante carece de mayoría en la Cámara de Consejeros y deberá negociar con la oposición para sacar adelante el proyecto durante la actual sesión parlamentaria de la Dieta japonesa.
La reducción del impuesto al consumo plantea interrogantes porque este tributo constituye una fuente estable de financiación para servicios sociales como las pensiones y la atención médica. Rebajarlo sin aclarar cómo se compensará la posible pérdida de ingresos genera preocupación sobre la sostenibilidad financiera. (International Press)
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