Representantes de 17 países exigieron al gobierno de Japón reconsiderar el reciente endurecimiento de los requisitos de residencia y el aumento de tarifas migratorias, advirtiendo que castigan a trabajadores honestos. El contundente reclamo marcó la apertura de la 66.ª Convención de Nikkeis en el Exterior (Kaigai Nikkeijin Taikai), inaugurada este miércoles 7 en Tokio para debatir el futuro de la convivencia social en el país.
El evento congrega a 194 delegados en el edificio JICA Ichigaya de Shinjuku y se desarrollará durante tres días bajo el lema «Participaremos en la creación de nuestra sociedad de convivencia» (Warera kyosei shakai zukuri ni sanka suru). En este marco, el exembajador en Brasil y vicepresidente de la Asociación Nacional de Apoyo a la Convivencia de Trabajadores Extranjeros, Kunio Umeda, ofreció el discurso principal donde recordó que los nikkeis descienden de emigrantes impulsados por políticas gubernamentales, por lo que enfatizó: «Cuidar a los nikkei es responsabilidad del país».
ENDURECIMIENTO DE LA RESIDENCIA Y SEGUROS
Respecto a las normativas impulsadas por el Estado para aplicar requisitos más severos a la residencia permanente (eijuken) y al visado de «Gestión y Administración» (Keiei Kanri), Umeda alertó sobre el impacto de la nueva ley que permite revocar el estatus por impagos de impuestos o seguridad social (shakai hosho). Aunque comprendió que la meta es evitar abusos del sistema, advirtió firmemente: «Los nikkei y otros extranjeros que trabajan seriamente en la sociedad japonesa también se ven afectados».
Explicó que históricamente esta población sufrió empleos inestables y careció de acceso a seguros sociales, situación agravada porque el Estado no proveyó información en sus idiomas nativos, generando incomprensión en lugar de una evasión intencional. Ante esto, exigió: «Se requiere una respuesta flexible».
ALZA DE TARIFAS Y EXIGENCIA DE EXONERACIÓN
Otro punto de profunda preocupación expuesto en la convención es el aumento de las tarifas de trámites migratorios (zairyu shikaku tesuryo), una medida que asfixiará económicamente a los ancianos y a las familias más vulnerables de la comunidad. Para evitar su exclusión social, el diplomático solicitó al gobierno exonerar de este pago a los residentes de larga duración y a todos los menores de 16 años.
En esta misma línea, destacó que el residente Flavio Akiyama presentó comentarios públicos formales rechazando estos cobros, recordando que los nikkeis sostienen la economía nacional desde la reforma de la Ley de Inmigración de 1990. Apoyado en este historial, Umeda concluyó sobre el tema: «Considerando la contribución de los nikkei a Japón, es importante tenerlos más en cuenta que a otros extranjeros».
El exembajador también criticó con dureza los estrictos requisitos del visado especial para la cuarta generación, el cual consideró un fracaso rotundo.
OBSTÁCULOS PARA LA CUARTA GENERACIÓN
El exembajador también criticó con dureza los estrictos requisitos del visado especial para la cuarta generación (nikkei yonsei), instaurado en 2018 con un límite anual de 4.000 personas, el cual consideró un fracaso rotundo. Detalló que en 2022 solo lograron ingresar 128 jóvenes, desglosados en 84 provenientes de Brasil, 29 de Filipinas y 10 de Perú.
Tras una ligera flexibilización gubernamental, la cifra total subió a 276 residentes hasta diciembre de 2023, contabilizando 169 de Brasil, 40 de Perú, 39 de Filipinas y 28 de otras naciones. Umeda denunció que el gobierno no valora adecuadamente los recursos humanos nikkei, alertando que las nuevas solicitudes de este año se encuentran estancadas en Inmigración, por lo que la organización exige permitir la compañía familiar y facilitar la transición al estatus de residente a largo plazo (teijusha).
WORKING HOLIDAY Y CONTROL A EMPRESAS
En el ámbito de las oportunidades laborales temporales, se destacó que Japón inició el programa de «Working Holiday» con Brasil en diciembre de 2023 y extendió la exención de visados hasta 2029. Sin embargo, dado que en Latinoamérica este convenio solo incluye actualmente a Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el ponente instó a las autoridades niponas a incorporar prontamente a Perú, México y Bolivia para ampliar la integración juvenil.
Finalmente, cuestionó las recientes restricciones impuestas a las agencias de envío de trabajadores (haken gaisha), donde el gobierno elevó el capital mínimo de 5 a 30 millones de yenes para frenar la explotación laboral. El vocero lamentó que esta drástica medida económica terminó perjudicando gravemente a agencias legales administradas por ciudadanos vietnamitas, peruanos y brasileños que operaban de manera correcta. (RI/International Press)
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