Walter Ayala, un exministro de Defensa de Pedro Castillo y aliado del partido Juntos por el Perú (JP), presentó «a título personal» una demanda de amparo ante un juzgado constitucional del Poder Judicial para dejar sin efecto el proceso electoral ejecutado en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial peruana del pasado 7 de junio.
La acción legal, interpuesta por el exfuncionario vinculado políticamente al expresidente Pedro Castillo y aliado del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, fundamenta su reclamo en presuntas anomalías dentro de la fiscalización y la inviolabilidad de la cadena de custodia.
El objetivo central del recurso es lograr que la proclamación definitiva de los resultados oficiales se realice tomando en cuenta únicamente los sufragios emitidos dentro del territorio nacional.
CUESTIONAMIENTOS A LA NORMATIVA DE LA ONPE
La demanda dirige sus cuestionamientos de forma directa contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En específico, Ayala solicita que la justicia declare nula e inaplicable la Resolución Jefatural N.° 000090-2026UN/ONPE, la cual fue emitida el 29 de mayo de 2026 para aprobar los “Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero – Segunda Elección Presidencial 2026”.
Según el recurso del exministro, la reglamentación dictada por el organismo electoral incurrió en una supuesta “flagrante violación del principio de intangibilidad electoral”.
Ayala sostiene que las normas aprobadas vulneraron los principios constitucionales mínimos que debieron asegurar el correcto desarrollo de los comicios fuera del país, lo cual justifica la invalidez de los centros de votación habilitados en el exterior.
ALCANCE DE LA NULIDAD SOLICITADA
La propuesta de nulidad planteada ante el Poder Judicial pretende desarticular el procedimiento electoral de manera integral en todas las circunscripciones internacionales.
La solicitud de Ayala abarca minuciosamente cada una de las fases realizadas en las mesas de votación consulares, exigiendo la invalidación de todo el proceso electoral de los peruanos en el exterior.
Asimismo, la demanda requiere de forma explícita retirar la validez jurídica a todas las actas de sufragio, tanto observadas como no observadas, que correspondan a distritos electorales consulares con alto volumen de votantes, mencionando directamente los casos de Estados Unidos y Argentina, además de cualquier otra jurisdicción donde se implementaran los lineamientos impugnados.
El argumento de fondo expuesto por Walter Ayala sostiene que los votos emitidos fuera de las fronteras peruanas carecen de las garantías constitucionales esenciales referentes a la transparencia y la fiscalización. (RI/AG/IP/)
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