La Policía Prefectural de Okinawa remitió a la fiscalía el expediente de un miembro del Ejército de los Estados Unidos bajo la sospecha de agresión sexual con lesiones físicas. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación criminal, el incidente punible se perpetró durante el pasado mes de abril contra de una mujer adulta que era conocida del militar.
La denuncia fue interpuesta ante las fuerzas del orden público por la víctima a través de la mediación de un tercero.
El sospechoso se encuentra actualmente bajo la custodia administrativa de las autoridades militares norteamericanas en cumplimiento estricto de las pautas fijadas en el Acuerdo de Estatus de las Fuerzas suscrito entre Japón y Estados Unidos.
Dicho tratado internacional estipula que la justicia japonesa posee la jurisdicción primaria sobre los delitos cometidos por militares fuera de actos de servicio oficial; no obstante, la normativa también decreta que el Gobierno de EEUU mantendrá la retención del acusado hasta que se formule una acusación judicial formal, salvo en casos excepcionales de arresto flagrante.
AGRESIÓN Y FUGA
Los cargos específicos por los cuales se procesó el envío del caso criminal detallan que el soldado perpetró el delito de relaciones sexuales no consentidas con lesiones en un espacio exterior público.
Tras consumar el abuso sexual, el imputado empleó violencia física directa contra la víctima, provocándole contusiones severas en los brazos y otras lesiones corporales que requerirán un periodo estimado de varias semanas para su total curación.
Asimismo, las autoridades le atribuyen un cargo adicional por no reportar un accidente de tránsito vial, debido a que el sospechoso impactó su automóvil contra una valla de protección pública mientras huía de la escena del crimen.
ANTECEDENTES Y TENSIONES
La policía de Okinawa aclaró que las indagaciones se efectuaron mediante un proceso de cooperación voluntaria con los mandos militares estadounidenses instalados en la región insular, notificando formalmente los pormenores del suceso al Gobierno Prefectural de Okinawa.
Este caso ocurre en un contexto de alta sensibilidad civil, dado que desde el año 2024 se han destapado múltiples agresiones sexuales perpetradas por soldados norteamericanos en la isla.
En junio de aquel año, la difusión periodística de dos violaciones encubiertas generó una grave crisis política debido a que el Gobierno central de Tokio y la policía omitieron informar a las autoridades de Okinawa sobre los arrestos, lo que obligó al Estado a reestructurar los protocolos bilaterales de intercambio de información institucional. (RI/AG/IP/)
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