El Ministerio de Justicia de Japón anunció hoy la creación de un comité de expertos para definir en qué casos el uso de inteligencia artificial generativa puede derivar en responsabilidad civil por vulneración de derechos.
La iniciativa responde al aumento de casos en los que aplicaciones de IA permiten reproducir rostros y voces de terceros para generar contenidos, incluso con fines comerciales, sin autorización de los afectados.
El grupo será presidido por Yoshiyuki Tamura y celebrará su primera reunión el 24 de abril. El objetivo es presentar conclusiones en julio en forma de directrices de referencia.
El ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, explicó que se busca aclarar el alcance de la responsabilidad bajo el derecho civil, ante situaciones no previstas en la jurisprudencia actual.
En Japón, el derecho de imagen y el derecho de publicidad —relacionado con el valor comercial de la imagen de una persona— no están codificados expresamente y se sustentan en precedentes judiciales que no contemplaban el uso de IA.
EL PUNTO CRÍTICO DE LA VOZ
Uno de los puntos críticos es la protección de la voz. En el caso de actores de doblaje y cantantes, no existe jurisprudencia clara que determine hasta qué punto su voz constituye un derecho protegido frente a su reproducción artificial.
El comité analizará si determinados usos pueden ser considerados actos ilícitos bajo el artículo 709 del Código Civil, lo que permitiría reclamar indemnizaciones por daños.
Entre los ejemplos que se evaluarán figuran videos generados con IA donde aparece una persona casi idéntica a un actor en escenas de acción, o grabaciones en las que un cantante interpreta canciones que nunca grabó.
También se abordarán casos de personajes de animación cuya voz es replicada mediante IA, así como situaciones en las que el titular del derecho ha fallecido.
El auge de los llamados “deepfakes” ha agravado el problema. Casos de pornografía falsa generada con imágenes reales —incluyendo víctimas menores mediante fotos escolares— han encendido las alarmas sobre el uso indebido de estas tecnologías.
El ministerio busca que las directrices sirvan tanto para operadores jurídicos como para la industria, y que también funcionen como advertencia para evitar infracciones por parte del público general.
De concretarse, el marco podría facilitar que las víctimas recurran a la vía civil para exigir responsabilidades en casos de suplantación o uso indebido de su identidad.
(RI/AG/IP/)
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