La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado que reemplazará al veterano ministro de Defensa del país, el general Vladimir Padrino, una figura central de la administración del expresidente Nicolás Maduro.
Rodríguez anunció la salida de alto nivel en una publicación ayer en la plataforma de redes sociales Telegram. «Agradecemos a Vladimir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», dijo Rodríguez.
La mandataria añadió que a Padrino se le otorgarían «nuevas responsabilidades» no especificadas. No se dio ninguna explicación sobre el cambio.
La salida de Padrino es la última reestructuración a nivel de gabinete en el gobierno venezolano desde el tres de enero, cuando Estados Unidos lanzó una operación militar para extraer a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Febrero, por ejemplo, vio la salida del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, seguida por la renuncia de Tarek William Saab como fiscal general. Desde entonces, Saab ha asumido el cargo de Ruiz de forma interina.
Bajo su liderazgo, el ejército ha enfrentado acusaciones de corrupción y abusos, incluyendo la ejecución de violentas represiones contra manifestantes.
Los tres funcionarios estaban estrechamente asociados con Maduro y han sido acusados por grupos de derechos humanos de contribuir a la represión gubernamental en Venezuela.
Padrino, de 62 años, ha liderado las fuerzas militares del país desde 2014. Bajo su liderazgo, el ejército ha enfrentado acusaciones de corrupción y abusos, incluyendo la ejecución de violentas represiones contra manifestantes.
Los críticos también han señalado que la influencia de los militares se extiende a sectores importantes de la economía, como la minería, el petróleo y la distribución de alimentos.
La semana pasada, una misión de investigación de las Naciones Unidas señaló que gran parte del gobierno de Maduro sigue en su lugar, con pocas señales de que habrá rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos.
«La compleja maquinaria legal e institucional que instigó y permitió la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales —previamente documentados por la Misión— permanece intacta», escribió el grupo.
A raíz del secuestro de Maduro, el gobierno interino de la presidenta Rodríguez ha enfrentado presiones para implementar reformas.
Su administración ya ha liberado a cientos de prisioneros políticos y aprobado una ley de amnistía general, aunque los defensores de los derechos humanos señalan que la legislación tiene lagunas que podrían seguir permitiendo la represión política.
Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump ha utilizado la amenaza de más acciones militares para presionar al gobierno venezolano a abrir su sector nacionalizado de petróleo y minería a la inversión extranjera.
Estados Unidos también ha presionado para controlar las ventas de petróleo venezolano, y Trump afirma haber sacado ya «cientos de millones de barriles de petróleo».
La embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó oficialmente sus actividades la semana pasada después de una pausa de siete años bajo el mandato de Maduro, quien asumió el cargo en 2013.
Antes del ataque del tres de enero, Rodríguez se había desempeñado como vicepresidenta de Maduro. Si bien ha cooperado con Estados Unidos, no obstante ha pedido a la administración Trump que libere tanto a Maduro como a Flores.
En el anuncio del miércoles, Rodríguez indicó que Padrino sería reemplazado por el general Gustavo González López.
Tanto Padrino como González López han enfrentado sanciones de Estados Unidos, basadas en acusaciones de abusos a los derechos humanos y corrupción. En el pasado, González López se ha desempeñado como jefe de inteligencia nacional de Venezuela y, más recientemente, trabajó en la gerencia de la compañía petrolera estatal PDVSA. (RI/AG/IP/)
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