El gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez ha dado un golpe de timón en la política migratoria del continente. La administración española decidió distanciarse radicalmente de la tendencia restrictiva que impera en el resto de Europa al aprobar un plan masivo de regularización. La medida busca sacar de la sombra a cerca de 500.000 personas que actualmente residen en el país sin documentos.
Esta decisión coloca a Madrid en las antípodas de sus vecinos europeos, quienes en los últimos meses han optado por endurecer sus fronteras y leyes de extranjería. Mientras el bloque comunitario levanta muros burocráticos, España apuesta por la pragmática de la inclusión, reconociendo la presencia de medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana del país pero carecen de derechos legales.
El gobierno ha establecido criterios claros para acceder a este proceso de regularización. Según el anuncio oficial, podrán solicitar los papeles aquellos extranjeros que puedan demostrar haber permanecido en territorio español durante al menos cinco meses antes del final del año pasado. Además, se ha establecido como condición indispensable que los solicitantes carezcan de antecedentes penales, garantizando así la seguridad del proceso.
Quienes logren superar estos filtros obtendrán un permiso de residencia con validez de un año. Este documento no será una solución temporal aislada, ya que la normativa contempla la posibilidad de extenderlo posteriormente, ofreciendo un horizonte de estabilidad a miles de familias. El periodo para la recepción de solicitudes se abrirá en la primavera, abarcando los meses de abril a junio de este año.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no ocultó la trascendencia política y social del anuncio. Durante su conferencia de prensa del hoy, Saiz calificó la jornada como un «día histórico para España». Sus palabras reflejan la magnitud de una reforma que pretende transformar la realidad demográfica y económica de la nación, legalizando la situación de una fuerza laboral que hasta ahora permanecía invisible ante el Estado. (RI/AG/IP/)
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