La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón ha decidido endurecer los protocolos de expulsión forzosa de extranjeros en situación irregular. El organismo planea eliminar este mismo año la «notificación al abogado», una regla que obligaba a informar a los representantes legales sobre la fecha de salida con dos meses de antelación. Esta decisión responde a la necesidad de endurecer el control ante el aumento de casos de personas que escapan de la justicia tras conocer su fecha de deportación.
Actualmente, el país registra aproximadamente 74.800 personas en situación de estancia ilegal, según datos de enero de 2025. Durante el año anterior, las autoridades completaron la deportación de 7.600 individuos. El sistema busca ahora cerrar las brechas que permiten la evasión de las órdenes judiciales, asegurando que las expulsiones se ejecuten de manera efectiva y sin las interferencias que han provocado pérdidas económicas y logísticas al Estado.
SIETE FUGAS EN SIETE AÑOS
La normativa de avisar a los abogados se estableció en 2010 tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Federación de Colegios de Abogados de Japón. El objetivo era garantizar que los afectados pudieran ejercer su derecho constitucional a juicio, permitiéndoles presentar demandas para revocar la deportación antes de ser expulsados. Sin embargo, desde 2019 se han documentado al menos siete casos de fuga tras el aviso previo, de los cuales cinco personas permanecen en paradero desconocido.
Además de las fugas, las autoridades justificaron su medida que las fechas de salida se filtran con frecuencia en redes sociales, lo que deriva en protestas coordinadas ante las oficinas de migración. En varios casos, estas acciones han forzado la cancelación de vuelos a último minuto, generando gastos de hasta 3 millones de yenes por operativo fallido. La Agencia de Inmigración sostiene que la rigurosidad es indispensable para mantener el orden legal y evitar el sabotaje de las órdenes de expulsión.
CONFLICTO POR DERECHOS
La Federación de Colegios de Abogados de Japón ha manifestado su total desacuerdo con la abolición de esta regla. Los representantes legales sostienen que la medida ignora el derecho a la defensa y que ya se han detectado casos donde la notificación ocurre de forma tardía o inexistente. Argumentan que este cambio es una violación humanitaria que deja a los extranjeros sin la posibilidad real de recurrir su situación ante un juez, priorizando la eficacia administrativa sobre las garantías individuales.
La Agencia de Inmigración mantendrá una comunicación limitada con los afectados. Se notificará directamente a la persona involucrada con un mes de antelación que será deportada en cualquier momento posterior a ese plazo, pero sin especificar el día ni la semana exacta del vuelo. (RI/AG/IP/)
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