En el ordenamiento jurídico japonés, el acceso de los ciudadanos extranjeros a la red de la Asistencia Social para la subsistencia (Seikatsu Hogo) no es un derecho legalmente blindado, sino una concesión administrativa de carácter humanitario. Aunque la Seikatsu Hogo Ho (Ley de Protección del Sustento) establece en su primer artículo que el Estado protegerá a todos los «ciudadanos» (Kokumin), la Corte Suprema de Japón dictaminó en una histórica sentencia de 2014 que este término excluye estrictamente a quienes no poseen la nacionalidad japonesa. Esto significa que, técnicamente, un extranjero no tiene el «derecho» a reclamar esta ayuda, sino que el Estado elige otorgarla bajo criterios de benevolencia.
Esta protección se sostiene hoy gracias a una notificación emitida en 1954 por el entonces Ministerio de Salud y Bienestar, la cual instruyó a los municipios a brindar asistencia social a los extranjeros en situación de indigencia. Sin embargo, al no ser una ley, esta medida queda sujeta a la interpretación de cada Fukushi Jimusho (Oficina de Bienestar). Esta ambigüedad jurídica coloca a los residentes extranjeros en una posición de vulnerabilidad, donde la ayuda puede ser denegada o cuestionada con mayor facilidad que a un nacional, generando una incertidumbre constante sobre su seguridad básica.
La preocupación es genuina. En las elecciones locales de 2025, Ryu Hezuma, fue elegido concejal en Nara cuestionando la legalidad de un residente extranjero a recibir el Saikatsu Hogo porque es «el dinero que el pueblo japonés junta con el sudor de su frente». Otros candidatos locales en NishiTokio y Hiratsuka (Kanagawa) tomaron el mismo argumento en sus campañas y ganaron.
También ha pasado lo mismo, pero en mayor dimensión, con la posición del Partido Sanseito, abiertamente anti inmigrante, y el resto de partidos conservadores que pusieron en duda el acceso de los extranjeros a recibir la Asistencia Social porque ésta fue creada para los «ciudadanos japoneses».
LA BARRERA DEL ESTATUS DE RESIDENCIA
En la actualidad, no todos los extranjeros pueden solicitar este auxilio; el sistema discrimina rigurosamente según el tipo de visado. Actualmente, solo pueden acceder quienes poseen estatus de Eijusha (Residente Permanente), Teijusha (Residente de Larga Duración), cónyuges de japoneses y los Tokubetsu Eijusha (Residentes Permanentes Especiales como los coreanos nacidos en Japón). Aquellos con visados de trabajo temporal o estudiantes quedan totalmente excluidos de esta red de seguridad, quedando desamparados ante una crisis económica repentina o una enfermedad grave que les impida trabajar.
Existe, además, un temor latente entre la comunidad extranjera de que solicitar el Seikatsu Hogo perjudique su futuro en el país. Bajo la Shutsunyukoku Kanri Ho (Ley de Control de Inmigración), el Estado tiene la facultad teórica de deportar a un extranjero que se convierta en una «carga pública». Aunque en la práctica esto rara vez se aplica a los residentes permanentes, el estigma y la presión de los funcionarios en una ventanilla municipal, a menudo disuaden a los necesitados de pedir ayuda, por miedo a que su renovación de visado sea rechazada o su camino a la residencia definitiva se vea truncado.
EQUIDAD EN EL BIENESTAR
Para un extranjero, el proceso de solicitud es un laberinto burocrático aún más estrecho que para un japonés. Además de la inspección de activos y el control de deudas, se enfrentan a la barrera del idioma y a la exigencia de documentos de sus países de origen que demuestren que no tienen propiedades ni apoyo familiar allá. Esta «investigación de activos internacionales» es un proceso exhaustivo que puede demorar meses, dejando al solicitante en una situación de desamparo absoluto mientras se verifica su historial financiero global.
La realidad del Seikatsu Hogo para los extranjeros en Japón revela una tensión entre la imagen de modernidad del país y la rigidez de su sistema de bienestar. Mientras el gobierno busca atraer mano de obra externa para paliar la crisis demográfica, la red de seguridad social sigue siendo un terreno exclusivo y condicionado. Garantizar una protección digna para quienes contribuyen a la economía japonesa, independientemente de su pasaporte, sigue siendo uno de los debates pendientes más urgentes para lograr una verdadera integración social en el archipiélago. (RI/AG/International Press)
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