El Tribunal de Distrito de Tokio dictó una sentencia de cinco años de prisión para Masayuki Echizenya, de 50 años, por los delitos de robo y lesiones. El caso, que captó la atención pública por los tatuajes que cubren el rostro del acusado, ocurrió en noviembre de 2024 en una tienda de conveniencia de Setagaya. Echizenya sustrajo productos valorados en apenas 500 yenes y, al ser interceptado por un empleado, reaccionó de forma violenta propinando varios cabezazos que causaron heridas con dos semanas de recuperación.
Durante el proceso judicial y entrevistas previas en el centro de detención, el acusado reveló una personalidad contradictoria: educada en el trato directo, pero capaz de una agresividad extrema bajo estrés. Echizenya explicó que sus tatuajes faciales, realizados hace dos décadas, tenían el objetivo original de atraer clientes a su negocio de tatuador. Sin embargo, detrás de esa imagen impactante se escondía un historial de inestabilidad laboral, dos divorcios y un consumo crónico de medicamentos para la tos desde los 15 años.
Según reportó la cadena TBS, la investigación reveló que el robo no fue motivado por necesidad económica, sino por una venganza personal. El acusado frecuentaba el establecimiento para pedir dinero y tabaco a otros clientes, conducta por la que era expulsado regularmente. El día del incidente, Echizenya decidió perjudicar financieramente al local robando mercancía tras confundir a una empleada con la dueña del negocio. «Pensé que robar les generaría pérdidas y no se me ocurrió otra forma de vengarme», declaró ante el tribunal.
Un factor determinante en su conducta fue el abuso de fármacos de venta libre. El acusado admitió que consumía jarabe para la tos buscando euforia, pero que al pasar el efecto se volvía irritable y violento. Al momento del crimen, el hombre se encontraba en medio de una recaída tras años de sobriedad y bajo los efectos del síndrome de abstinencia. Además, los informes médicos confirmaron que padece una discapacidad intelectual leve y un trastorno por uso de sustancias que exacerban su inestabilidad emocional.
A pesar de que el fiscal solicitaba siete años de cárcel, el juez redujo la pena a cinco años al considerar los planes de reinserción presentados por trabajadores sociales. Estos especialistas se comprometieron a ofrecer un acompañamiento persistente para tratar su adicción y garantizar un entorno que evite la reincidencia. Echizenya, quien ya contaba con una condena previa en suspenso, aseguró que esta vez el apoyo profesional y la experiencia del juicio marcarán un cambio definitivo en su vida. (RI/AG/IP/)
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