El grupo de expertos encargado de reformar las políticas migratorias de Japón entregó este martes su informe final, estableciendo la hoja de ruta para gestionar la creciente población extranjera. El documento recomienda un control más estricto y una reestructuración profunda de los programas actuales, con el objetivo de equilibrar la necesidad de mano de obra con la seguridad y la cohesión social, en un momento en que la presencia de residentes extranjeros alcanza cifras históricas.
Lejos de un planteamiento meramente integrador, el Ejecutivo ha encargado a un Consejo de Expertos delinear cómo imponer una “sociedad de convivencia ordenada” que priorice el cumplimiento estricto de normas, la gestión centralizada de la información y la corrección de sistemas que, según reconoce el propio Estado, “no fueron concebidos bajo el supuesto de una presencia numerosa de personas extranjeras”.
El marco de esta revisión se estableció el 4 de noviembre de 2025, con la creación de la Reunión de Ministros Relacionados sobre la Aceptación de Extranjeros y la Realización de una Sociedad de Convivencia Ordenada. Bajo este órgano fue constituido el Consejo de Expertos, encargado de analizar los desafíos estructurales derivados del aumento sostenido de residentes extranjeros y de formular recomendaciones directas al Gobierno.
En su primera sesión, el primer ministro Takaichi instruyó avanzar con firmeza en dos líneas prioritarias. Por un lado, “las iniciativas para el cumplimiento de las normas existentes y la adecuación de diversos sistemas”. Por otro, “el uso y la gestión adecuados del territorio nacional, incluyendo el enfoque sobre las normas relativas a la adquisición de tierras”. El Ejecutivo fijó enero de 2026, como plazo para presentar la postura básica del Estado.
PREOCUPACIÓN SOCIAL
El informe parte de un dato que marca el trasfondo político de la discusión. Al cierre de junio de 2025, Japón registró 3.956.619 personas extranjeras residentes, la cifra más alta de su historia. El número casi duplica el registrado hace dos décadas y corresponde a personas procedentes de 196 países y regiones.
El propio documento reconoce que este aumento ha generado preocupación social. Señala que, con el crecimiento de la población extranjera, “ha crecido el interés de la ciudadanía respecto de la idoneidad de diversos sistemas” y que existen casos en los que, aunque se trate de una minoría, “la ciudadanía siente inquietud ante conductas que se desvían de las normas sociales de Japón”.
Al mismo tiempo, el Consejo subraya que muchas de las personas extranjeras residentes son trabajadoras que respetan las normas y sostienen comunidades e industrias. El informe recuerda que Japón ha defendido históricamente el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros y afirma que, para la estabilidad futura del país, es necesario que quienes cumplen las reglas “sean debidamente valoradas y puedan vivir con dignidad como miembros de la sociedad”.
No obstante, el concepto rector del documento es inequívoco. “El orden constituye la base de la sociedad, mientras que la diversidad es su fuerza”, afirma el informe, dejando claro que la convivencia solo es posible si ambos elementos se compatibilizan bajo reglas estrictas y visibles.
Para alcanzar ese objetivo, el Consejo sostiene que se debe “actuar de manera justa y estricta frente a las conductas que se desvíen de las normas sociales de Japón, independientemente de la nacionalidad”, y paralelamente reformar sistemas que han quedado rezagados frente a la nueva realidad demográfica.
El informe admite que la comprensión actual de la situación no siempre es suficiente. En referencia a sistemas diseñados sin prever una inmigración masiva, reconoce que “en algunos aspectos no se ha logrado una adecuada comprensión de la situación real”, por lo que plantea mejorar la recopilación y el análisis de información, incluyendo el uso intensivo de tecnologías digitales.
Sobre esta base, el Consejo insiste en la necesidad de establecer “reglas justas y claras”, aplicarlas con rigor y, al mismo tiempo, “verbalizarlas y hacerlas visibles” para que las personas extranjeras puedan comprenderlas sin ambigüedades.
JAPÓN INSISTE: NO QUIERE EXCLUIR
El documento también aborda el riesgo político y diplomático del enfoque adoptado. Reconoce que, a nivel internacional, el debate migratorio es altamente sensible y que existe la posibilidad de que Japón sea percibido como un país excluyente. Sin embargo, enfatiza que las medidas propuestas “no tienen como objetivo la exclusión de las personas extranjeras”, y recalca que “orden” y “convivencia” no son conceptos opuestos, sino complementarios.
En cuanto a la aplicación concreta de las normas, el Consejo es explícito. Las iniciativas de control “no tienen como finalidad la exclusión ni la persecución selectiva”, pero advierte que deben evitarse respuestas basadas en conjeturas. Cuando se detecten desviaciones o usos indebidos de los sistemas, se debe actuar “de manera justa y estricta”.
El informe identifica como un problema estructural la fragmentación de la información administrativa. Señala que los datos sobre personas extranjeras suelen estar “gestionados de forma separada por cada entidad”, con escasa cooperación entre organismos nacionales y gobiernos locales.
Para corregir esta situación, propone un intercambio sistemático de información. Entre otros puntos, plantea que la Agencia de Servicios de Inmigración acceda a datos sobre impuestos y seguros, y que los gobiernos locales puedan verificar estatus de residencia, utilizando redes de provisión de información amparadas en la Ley de Uso de Números. Este mecanismo, subraya el informe, es clave no solo para el control, sino también “desde el punto de vista de la garantía de los derechos” de las personas extranjeras.
IDIOMA JAPONÉS Y NORMAS SOCIALES
El Consejo también advierte que el aumento de residentes extranjeros ha diversificado y sobrecargado las tareas de los gobiernos locales. Por ello, considera necesario que el Estado central provea apoyo técnico y recursos financieros para garantizar servicios homogéneos en todo el país.
Finalmente, el documento deja en claro que la convivencia ordenada no es responsabilidad exclusiva del Estado. Desde la sociedad japonesa, se exige mejorar el entorno de acogida y crear oportunidades formales para que las personas extranjeras aprendan japonés y comprendan las normas sociales antes y después de su llegada. Desde el lado de las personas extranjeras, el informe expresa que “se espera firmemente” que aprendan el idioma, respeten las reglas y actúen “de manera responsable como miembros de la sociedad”, especialmente en las comunidades locales.
El mensaje de fondo es contundente. Japón no plantea una apertura sin condiciones, sino una reorganización estricta de su modelo de convivencia, donde la diversidad es aceptada únicamente dentro de un marco de control, reglas claras y cumplimiento riguroso. (RI/International Press)
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