La justicia japonesa se enfrenta a un polémico vacío legal tras el incidente ocurrido en la ciudad de Kawaguchi. La Fiscalía de Saitama confirmó que no presentará cargos contra tres hombres, de nacionalidad turca y origen kurdo, que rodearon e intimidaron a concejales locales el pasado junio. La decisión de no procesarlos por «insuficiencia de pruebas» ha desatado una ola de indignación entre las víctimas, quienes denuncian una situación de total indefensión.
Los hechos se remontan al 2 de junio, cuando el diputado provincial Kosuke Takagi y el concejal Seiichi Okutomi realizaban una inspección sobre convivencia con extranjeros. Durante su recorrido, fueron perseguidos por vehículos durante siete kilómetros hasta llegar a la comisaría de Bunan. Una vez allí, sus coches fueron bloqueados por tres automóviles, mientras un grupo de individuos les gritaba insultos y realizaba gestos despectivos en presencia de las autoridades.
A pesar de que la policía remitió el caso bajo cargos de obstrucción de funciones y confinamiento, la fiscalía determinó que no existen elementos suficientes para una condena bajo el marco legal actual. Según los legisladores afectados, los fiscales explicaron que no procesar no significa que no hubo problemas, sino que las leyes vigentes carecen de una tipificación clara para castigar este tipo de acoso sistemático en la vía pública.
Ante lo que consideran una injusticia, Takagi y sus colegas presentaron una queja formal ante el Consejo de Revisión de la Fiscalía de Saitama. Durante una conferencia de prensa en Tokio, Takagi lanzó una advertencia preocupante: si este tipo de intimidación no se castiga, cualquier ciudadano común que sea perseguido o amenazado podría verse obligado a resignarse ante la falta de amparo institucional.
La situación ha escalado a un debate político de nivel nacional. El concejal Okutomi señaló que esta impunidad afecta directamente la moral de los oficiales de policía que presenciaron el ataque sin poder intervenir con eficacia legal. Los asambleístas locales tuvieron el apoyo de figuras políticas relevantes como la senadora Mizuho Umemura del Partido Sanseito y Kaori Arimoto, secretaria general del Partido Conservador de Japón, reflejando la tensión social que rodea la convivencia con la comunidad kurda en Kawaguchi.
Los legisladores han hecho un llamado a todos los partidos políticos para revisar este «vacío legal» y proponer reformas legislativas inmediatas. Su objetivo es evitar que este incidente quede en una simple queja de víctimas y se transforme en una respuesta institucional que garantice la seguridad pública. La lucha ahora se centra en crear leyes que impidan que el miedo y la coacción se conviertan en una norma aceptada en la sociedad japonesa. (RI/AG/IP/)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
