El Gobierno de Japón ha reaccionado con firmeza ante la reciente decisión del Ministerio de Comercio de China de endurecer las restricciones a la exportación de minerales críticos. Esta medida afecta directamente a las llamadas «tierras raras» y a otros productos de doble uso, tanto civil como militar, esenciales para la alta tecnología japonesa.
El Secretario Jefe del Gabinete, Kihara Minoru, calificó la acción de Pekín como un acto «completamente inaceptable y extremadamente lamentable». Según el portavoz gubernamental, este movimiento se desvía de las prácticas internacionales habituales al estar dirigido específicamente contra una sola nación, lo que ha provocado una protesta formal inmediata por parte de Tokio.
REPRESALIA EXCLUSIVA CONTRA TOKIO
Kihara Minoru subrayó que el hecho de que Japón sea el único objetivo de estas restricciones convierte la medida en una herramienta de presión política. El gobierno nipón ha exigido la revocación inmediata de este sistema de control, mientras comienza a evaluar el impacto potencial que tendrá en sus industrias clave, especialmente en la fabricación de semiconductores y componentes electrónicos.
Expertos del Ministerio de Asuntos Exteriores han manifestado su profunda preocupación por la escalada en las tensiones bilaterales. Fuentes diplomáticas confirman que el nivel de alerta estratégica frente a las acciones de China ha subido de categoría, reflejando un panorama de confrontación económica mucho más severo que en meses anteriores.
TOKIO: «ES ALGO INAUDITO»
La controversia ha cobrado un tinte político más agudo debido a las razones esgrimidas por China para estas sanciones. Pekín ha citado como justificación las recientes declaraciones en el Parlamento de la Primera Ministra, Takaichi Sanae, relacionadas con una posible contingencia en Taiwán, un argumento que Japón rechaza de forma categórica.
Desde la Cancillería japonesa se ha enfatizado que vincular el comercio de recursos vitales con debates parlamentarios sobre seguridad es «algo inaudito». Mientras tanto, la administración de Takaichi analiza los pasos a seguir para proteger la cadena de suministro nacional y responder a lo que consideran una medida arbitraria que desafía las normas del comercio internacional. (RI/AG/IP/)
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