El reciente asalto de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro, ha encendido las alarmas sobre un posible cambio en el orden geopolítico global. Durante el programa informativo Sun! Shine de Fuji TV, el analista Kenji Minemura explicó que esta exitosa «operación de decapitación» —término utilizado para la captura o eliminación de un líder estatal— demuestra una capacidad de inteligencia y despliegue militar estadounidense que incluso Rusia no logró alcanzar en Ucrania.
Sin embargo, este éxito táctico abre una caja de Pandora: el riesgo de que China utilice este precedente para justificar una acción similar contra el presidente de Taiwán, Lai Ching-te. Detenerlo en una acción comando por «violar» leyes chinas y auspiciar el ascenso al poder del movimiento pro-chino de la isla.
La intervención liderada por Donald Trump no solo buscaba la caída del régimen, sino frenar el proceso de «vallasalaje» de Venezuela hacia China. Según los datos presentados por Minemura, el gobierno de Maduro ya exportaba el 85% de su crudo al gigante asiático, consolidando una dependencia extrema que Washington ha decidido cortar de raíz.
El presentador Shosuke Tanihara cuestionó si esta acción, más allá de una interferencia interna, representa una violación flagrante de la soberanía nacional que Pekín podría replicar bajo el argumento de que, si Estados Unidos lo hizo en Caracas, ellos pueden hacerlo en Taipéi.
Detrás de este movimiento militar subyace también una feroz batalla por la energía. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en una quinta parte del total global, superando incluso a Arabia Saudita. Para la administración Trump, permitir que estos recursos permanezcan bajo control chino era inaceptable. El objetivo estratégico es recuperar el control sobre el crudo venezolano, asegurando que el suministro energético mundial vuelva a estar bajo la órbita de influencia estadounidense en lugar de alimentar el crecimiento económico de su principal rival asiático.
Ante este complejo escenario, el gobierno japonés de la primera ministra Sanae Takaichi mantiene un equilibrio diplomático sumamente delicado. Aunque Japón suele defender el cumplimiento del derecho internacional, las declaraciones de Takaichi sobre la operación en Venezuela se han centrado en la seguridad de los ciudadanos japoneses y la recuperación de la democracia, evitando criticar directamente a Washington.
Según los analistas, esta cautela responde a la necesidad de no enemistarse con Trump antes de su visita oficial en primavera, buscando un sistema de relaciones estable que no comprometa los intereses de Tokio en un mundo donde la fuerza militar vuelve a dictar las normas. (RI/AG/IP/)
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