Tras el ascenso político de movimientos como el partido Sanseito, que promueve el lema «Los japoneses primero», el debate sobre la inmigración ha alcanzado un punto de ebullición en la sociedad nipona. El foco suele centrarse en el impacto social de comunidades extranjeras, como los residentes kurdos en Kawaguchi o los delitos cometidos por ex-aprendices técnicos. Sin embargo, tras estas tensiones se esconde una realidad numérica contundente: Japón cuenta hoy con una cifra récord de más de 2,3 millones de trabajadores extranjeros, un pilar sin el cual el mercado laboral del país simplemente colapsaría.
El sector de la seguridad se ha visto sacudido por el aumento de redes criminales internacionales que operan en una economía sumergible. Solo en 2023, el robo masivo de cables de cobre en instalaciones solares y obras alcanzó los 9.779 millones de yenes, impulsado por el alto valor del metal. Se estima que en 2025 estas cifras serán aún mayores. La complejidad de estos delitos es alarmante, involucrando a veces a múltiples nacionalidades: vietnamitas que roban vehículos, camboyanos que los adquieren y ciudadanos chinos que gestionan centros de chatarra para exportar el botín a Asia.
A pesar de estos desafíos de orden público, la estructura demográfica de Japón, marcada por un envejecimiento extremo, obliga a una dependencia total de los jóvenes extranjeros. En sectores como la manufactura, la hostelería y la agricultura, los trabajadores de entre 20 y 30 años provenientes de Vietnam, China o Filipinas son, en muchos casos, los únicos empleados jóvenes disponibles. «Si se aplicaran políticas de exclusión radical, la capacidad de funcionamiento de las ciudades y el mantenimiento de las industrias rurales se verían interrumpidos de forma inmediata y catastrófica», ha advertido un análisis de la revista Shukan Bunshun.
El sistema de formación de aprendices, conocido como Ginou Jisshusei, es el ejemplo más crudo de esta contradicción. «Aunque el esquema busca oficialmente la transferencia de tecnología, en la práctica sostiene sectores de bajos salarios donde los japoneses ya no quieren trabajar», dijo la revista para describir el perfil explotador del sistema laboral diseñado para inmigrantes, fundamentalmente asiáticos.
Alrededor de 470.000 aprendices viven bajo condiciones que limitan su libertad de cambiar de empleo, lo que empuja a miles de ellos a la fuga cada año. Pese a las críticas por los derechos humanos, este sistema permite que productos básicos como el repollo, las ostras o las mandarinas sigan llegando a los supermercados a precios accesibles para el ciudadano común. En pocas palabras, abuso bruto que el discurso del partido Sanseito soslaya de manera escandalosa.
Japón se enfrenta a una decisión imposible entre la seguridad pública, los derechos humanos y la estabilidad de su bolsillo. El discurso del Sanseito ofrece una solución emocional de «prioridad nacional», pero oculta que el bienestar de la población se sostiene sobre la supresión de derechos básicos de trabajadores no cualificados. El dilema para 2026 es aceptar si se está dispuesto a pagar el coste real de una vida sin extranjeros o admitir que, para que Japón siga funcionando, la presencia de millones de trabajadores es un peaje inevitable que la sociedad ya no puede dejar de pagar.
Lo más preocupante ahora es que el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) que bajo el neologismo de «integración ordenada» está reformando su política de inmigración con iguales o premisas más duras que el propio Sanseito con el objetivo de reconquistar votantes conservadores y no perder más escaños en la siguientes elecciones. (RI/AG/IP/)
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