El gobierno japonés ha anunciado un ambicioso plan para fortalecer la vigilancia marítima en Sudamérica frente a la creciente actividad de las flotas pesqueras chinas en aguas territoriales de la región. A través de esta iniciativa, países como Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay recibirán drones de vigilancia y equipos avanzados para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha destinado 300 millones de yenes, aproximadamente 1.9 millones de dólares, para este proyecto coordinado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El sistema de apoyo incluye embarcaciones inflables de patrulla y tecnología capaz de analizar imágenes aéreas para identificar el registro de los barcos, el tamaño de sus tripulaciones y sus rutas precisas.
La preocupación se centra en las flotas chinas que operan cerca de las Islas Galápagos y Perú, navegando frecuentemente con sus transpondedores GPS apagados para evadir la detección. En el Atlántico, se ha confirmado una actividad similar en las costas de Argentina y Uruguay, donde se sospecha que estas naves realizan recolección de información estratégica y mapeo del suelo marino.
Japón busca compartir su experiencia enfrentando desafíos similares en el Mar de Japón, donde barcos chinos operan ilegalmente en áreas como el Banco Yamato. Además de la protección de recursos, este sistema de seguridad pretende mitigar los abusos a los derechos humanos de trabajadores del sudeste asiático que sufren condiciones extremas de explotación en dichas embarcaciones. (RI/AG/IP/)
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