El Gobierno japonés ha iniciado una transformación profunda en sus políticas de integración migratoria. Según confirmaron fuentes oficiales hoy, las autoridades evalúan incluir el dominio de un nivel determinado del idioma japonés como un requisito obligatorio para los extranjeros que aspiren a la residencia permanente. Esta medida busca garantizar una convivencia armónica y efectiva dentro de las comunidades locales en un país que ve crecer su población internacional de forma sostenida.
Esta iniciativa surge de una propuesta de la Sede de Política Exterior del Partido Liberal Democrático (Jiminto), que busca establecer criterios claros de integración social. Los detalles específicos sobre el nivel de idioma requerido y otros estándares se definirán antes de abril de 2027. Esta fecha es clave, ya que marcará el inicio del nuevo sistema de revocación de permisos de residencia para quienes incumplan gravemente con sus obligaciones legales o fiscales.
Las cifras más recientes de la Agencia de Servicios de Inmigración (Shutsu-nyukoku Zairyu Kanricho) revelan la magnitud de este cambio. A finales de junio, el número de residentes extranjeros en Japón alcanzó los 3,96 millones. De ellos, los residentes permanentes forman el grupo más numeroso con aproximadamente 930.000 personas, lo que representa el 23,6% del total de la población extranjera en el archipiélago.
Actualmente, para obtener este estatus, un extranjero debe haber residido en Japón al menos diez años y demostrar independencia económica mediante activos o habilidades profesionales. Sin embargo, ante la previsión de que el número de residentes permanentes siga aumentando, el Gobierno considera que la comprensión del idioma es un factor crítico para evitar el aislamiento y mejorar la cohesión en los barrios y ciudades niponas.
Además de la exigencia lingüística, el Ejecutivo baraja otras condiciones estrictas para el futuro. Entre ellas destaca la posible obligatoriedad de cursar programas sobre las reglas de convivencia y la vida cotidiana en Japón, así como un incremento en los umbrales de ingresos mínimos necesarios. Estas propuestas reflejan una voluntad estatal de elevar el compromiso de los residentes con el sistema social y económico del país.
Este endurecimiento de los requisitos se enmarca en la Ley Revisada de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (Kaisei Nyukan Nanmin Ho) aprobada el año pasado. Dicha ley, que entrará en vigor en abril de 2027, ya contempla la cancelación de la residencia permanente para aquellos que eludan de forma intencionada el pago de impuestos o cuotas de la seguridad social, marcando un antes y un después en la seguridad jurídica de los extranjeros en Japón. (RI/AG/IP/)
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