La adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de extranjeros en Japón, especialmente la compra de grandes extensiones de tierra, se ha convertido en una preocupación de seguridad nacional. El gobierno busca frenar la compra de terrenos cercanos a bases militares en islas fronterizas y vastos bosques en zonas de fuentes hídricas.
A pesar de la alarma, el gobierno enfrenta una barrera infranqueable que le impide restringir la venta de tierras a extranjeros.
LA LEY ACTUAL NO ES SUFICIENTE
En 2021, el gobierno promulgó la Ley sobre la Regulación del Uso de Tierras Importantes (Juyo Tochi To Chosa-ho). Esta ley permite investigar 585 sitios sensibles —incluyendo áreas en un radio de 1000 metros alrededor de instalaciones de defensa y plantas nucleares, así como islas fronterizas.
Sin embargo, la ley tiene un límite crucial: solo permite recomendar o ordenar el cese de un uso inapropiado de la tierra. La legislación no puede prohibir la adquisición del terreno por parte de entidades o personas extranjeras.
EL MURO DEL ACUERDO AGCS
El principal obstáculo legal es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio. Cuando Japón se unió al marco del AGCS, optó por el «Principio de No Discriminación entre Nacionales y Extranjeros» (Naigai Mushabetsu Gensoku) sin aplicar cláusulas de reserva para la adquisición de bienes raíces.
Esto implica que si Japón impone cualquier restricción a los compradores extranjeros, debe imponer el mismo «freno» a sus propios ciudadanos. Esta medida ha encontrado una fuerte oposición por parte de la industria inmobiliaria japonesa.
Además, muchos funcionarios señalan que no existe una evidencia concreta de que la adquisición de tierras por extranjeros haya causado problemas específicos de seguridad nacional.
PRESIÓN POLÍTICA POR LA REFORMA INMEDIATA
La prensa local dijo que la revisión programada de la ley actual está fijada para 2027. Sin embargo, el Partido Liberal Democrático (Jiminto) y el Partido de la Innovación de Japón (Nippon Ishin no Kai) han acordado acelerar la reforma.
Ambos partidos buscan intensificar las regulaciones sobre la adquisición de tierras por extranjeros en la sesión ordinaria de la Dieta de 2026, sin esperar el plazo de revisión. El desafío ahora es determinar si las autoridades pueden pasar de la mera investigación a implementar medidas efectivas que realmente aborden el problema de seguridad. (RI/AG/ International Press)
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