El debate político sobre el «Plan Cero Residentes Ilegales», impulsado por el Ministerio de Justicia, escaló ayer en la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara Baja. El titular de la cartera, Hiroshi Hiraguchi (77), defendió la iniciativa destinada a eliminar la permanencia de inmigrantes en situación irregular en Japón, afirmando que se trata de una aplicación estricta de la ley para responder a la creciente inquietud pública. Pero la oposición cuestionó duramente el enfoque, advirtiendo que el plan alimenta prejuicios y una percepción errónea sobre las comunidades migrantes.
El legislador Katsuyuki Shibata, del Partido Democrático Constitucional (Rikken Minshuto), exigió al Gobierno evitar que el programa derive en operaciones rígidas que obliguen a cualquier persona en situación irregular a abandonar el país sin matices ni consideraciones humanitarias. Señaló que el propio nombre del plan induce a interpretaciones peligrosas y puede convertirse en un vehículo para reforzar discursos discriminatorios.
Shibata señaló que, para la población común, el rótulo “por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos” sugiere que los extranjeros en situación irregular representan una amenaza directa. Añadió que muchos de ellos escapan de persecución en sus países, han solicitado asilo sin ser reconocidos a pesar de cumplir criterios internacionales o enfrentan situaciones de violencia doméstica y explotación que les han impedido completar trámites migratorios.
ELIMINAR LA PALABRA «ILEGAL»
Calificarlos simplemente como “ilegales” borra estas realidades y los presenta como una especie de “antesala criminal”, advirtió el congresista y propuso reemplazar la expresión por “hiseiki taizai-sha” que es “personas en situación de residencia irregular», más acorde con su situación administrativa y sin carga criminalizante de la palabra «ilegal».
El parlamentario también subrayó que Japón mantiene tasas extremadamente bajas de reconocimiento de refugiados y que el plan, tal como está diseñado, deja a estas personas aún más expuestas. Consideró que agrupar todos los casos bajo la categoría de “amenaza a la seguridad” es injusto y puede reforzar visiones de exclusión dentro de la sociedad japonesa.
Hiraguchi respondió que el Gobierno actúa porque “existe una creciente preocupación entre los ciudadanos respecto de quienes no cumplen las normas”. Negó que el plan tenga un sentido discriminatorio y reiteró que su propósito es asegurar que todos respeten el marco legal.
Aun así, el Ministro reconoció, desde su experiencia como abogado, que la gran mayoría de las personas en situación irregular vive con extremo cuidado para evitar conflictos, porque incluso un incidente menor podría llevarlas a ser detenidas. Afirmó que, comparados con los residentes regulares o incluso con la población japonesa, sus tasas de delitos distintos a los de inmigración son bajas.
No obstante, el ministro insistió en que el Ejecutivo tiene la obligación de actuar cuando el Parlamento y la ciudadanía demandan controles más rigurosos. Pero su defensa del plan no disipó las críticas: para la oposición, la estrategia apunta en la dirección equivocada, refuerza temores infundados y corre el riesgo de profundizar la brecha social que afecta a una de las comunidades más vulnerables del país. (RI/AG/IP/)
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