Lo que nació como una innovación para facilitar la vida cotidiana se ha transformado en un nuevo riesgo para la privacidad. En Japón, los dispositivos de rastreo conocidos como tags de localización creados para encontrar objetos perdidos, están siendo utilizados para vigilar y acosar a personas sin su consentimiento.
Estos pequeños aparatos del tamaño de una moneda y disponibles por apenas unos miles de yenes en tiendas y plataformas en línea, permiten localizar llaves, carteras o bolsos extraviados. Sin embargo, su reducido tamaño y facilidad de uso los han convertido también en instrumentos para el control y la persecución.
Según la Agencia Nacional de Policía, los casos de acoso vinculados al uso indebido de estos tags se han disparado en los últimos años: de solo tres reportes en 2021 (Reiwa 3) se pasó a 113 en 2022, 196 en 2023 y 370 en 2024. En lo que va de 2025, las cifras ya superan el ritmo del año anterior.
Entre los incidentes más preocupantes figuran el de un hombre que colocó un tag dentro de un peluche regalado a su hijo para rastrear la ubicación de su exesposa e hijo, y el de otro individuo que adhirió uno de estos dispositivos al coche de la víctima antes de provocar una colisión. En febrero de 2024, una mujer de la región de Hokuriku denunció la presencia de un rastreador oculto en su vehículo, lo que llevó a la detención del sospechoso por violar la Ley de Regulación del Acoso.
La normativa vigente, reformada en 2021, ya prohibía colocar equipos GPS en pertenencias ajenas sin consentimiento. Sin embargo, los tags, que funcionan sin GPS, al emitir señales que son detectadas por teléfonos cercanos y enviadas a un servidor, habían quedado fuera del marco legal.
El Gobierno japonés ha impulsado ahora una nueva enmienda que cierre ese vacío. La modificación incorporará expresamente el uso o la instalación no autorizada de tags como “obtención ilícita de información de localización”. De aprobarse, la reforma entrará en vigor veinte días después de su promulgación.
La actualización legal también alcanza la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, que prohibirá a los agresores con órdenes de alejamiento emplear estos dispositivos para rastrear a las víctimas.
Mientras tanto, los fabricantes, entre ellos Apple con su conocido AirTag, han comenzado a aplicar medidas para reducir los abusos como alertas en los teléfonos cuando se detecta un rastreador ajeno cercano. Sin embargo, las autoridades consideran que estas precauciones siguen siendo insuficientes frente al aumento sostenido de casos.
Un portavoz de la Agencia Nacional de Policía declaró que “resulta urgente adaptar la legislación a los nuevos riesgos tecnológicos” y garantizar que el avance digital “no se convierta en una amenaza para la seguridad personal”. (International Press)
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