El gobierno japonés, bajo el liderazgo de la primera ministra Sanae Takaichi, busca finalizar un ambicioso paquete de estímulo económico para finales de noviembre. Este plan, destinado a combatir la inflación, el estancamiento económico y reforzar la seguridad nacional, podría superar los 10 billones de yenes (alrededor de 64,9 mil millones de dólares), según fuentes gubernamentales.
La iniciativa será financiada a través de un presupuesto suplementario que, según algunos miembros del gobierno, debería ser superior a los 13,9 billones de yenes destinados al presupuesto extraordinario de 2024. El gobierno no ha impuesto un tope fiscal a las solicitudes de políticas de los distintos ministerios.
En la primera reunión de gabinete del 21 de octubre, Takaichi instruyó a sus ministros a diseñar un paquete basado en tres ejes fundamentales: el primero, garantizar la seguridad del sustento y abordar el aumento de los precios; el segundo, lograr una economía fuerte mediante inversiones en gestión de crisis e iniciativas de crecimiento; y el tercero, fortalecer la defensa y la diplomacia.
Para combatir el aumento de precios, el paquete incluirá subsidios que conducirán a la eliminación del impuesto provisional a la gasolina, así como apoyo para las facturas de electricidad y gas. También se contempla la expansión de subvenciones prioritarias de libre uso para los gobiernos locales y subsidios a pequeñas y medianas empresas para financiar aumentos salariales.
La Primera Ministra busca además apoyar urgentemente a las instituciones médicas con dificultades financieras, ofreciendo subsidios a hospitales y personal sin esperar a la revisión de tarifas médicas prevista para el año fiscal 2026.
LA SEGURIDAD ECONÓMICA
En materia de seguridad económica, el estímulo incorporará inversiones en gestión de crisis enfocadas en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, los semiconductores y la fusión nuclear. Además, se prevé un plan para revitalizar la industria de la construcción naval, una esfera de cooperación con Estados Unidos, con el objetivo de duplicar la construcción de barcos para 2035.
El Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi ha estado solicitando la creación de un fondo de alrededor de 1 billón de yenes liderado por el gobierno para este fin.
ADELANTO EN EL GASTO DE DEFENSA
Un punto central del plan es el compromiso con la defensa. Takaichi anunció en un discurso de política de octubre que pretende elevar el gasto de defensa de Japón al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) ya en el año fiscal 2025, adelantándose a la meta prevista para el año fiscal 2027. Lograr este objetivo requerirá destinar más de 1 billón de yenes en el presupuesto suplementario.
Aunque la elaboración de presupuestos suplementarios en otoño se ha vuelto una práctica habitual en Japón, con montos que han superado los 10 billones de yenes anualmente desde la pandemia, persisten las dudas sobre su eficacia. El economista senior de SMBC Nikko Securities, Miyamae Koya, alertó al Nikkei que la clave «no debe centrarse únicamente en la escala, sino en cómo se utilizan los fondos para mejorar los factores del lado de la oferta, como la productividad», advirtiendo que las medidas para estimular la demanda podrían exacerbar la inflación.
CREDIBILIDAD FISCAL
Para generar fondos y promover una política fiscal responsable, Tokio está trabajando en reformas del gasto que incluyen la creación de una versión japonesa del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EEUU (DOGE), con el fin de verificar la efectividad de los subsidios y garantizar el uso adecuado del presupuesto. Esta iniciativa, inspirada en la propuesta del jefe de Tesla, Elon Musk, para recortar personal y gastos gubernamentales en EEUU, busca equilibrar el aumento planificado del gasto.
Parte de esta reforma implica la revisión de los incentivos fiscales especiales. El acuerdo de coalición entre el PLD y el Partido de la Innovación de Japón incluye revisar exenciones fiscales y subsidios de alto valor para abolir los ineficaces.
El Ministerio de Finanzas reportó que la pérdida de ingresos por medidas fiscales especiales alcanzó los 2,9 billones de yenes en el año fiscal 2023, con aproximadamente 1,7 billones de yenes correspondientes a incentivos por aumentos salariales e I+D. Las ganancias resultantes de la revisión podrían destinarse a iniciativas como la educación secundaria gratuita. (RI/AG/IP/)
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