La Corte Suprema de Japón dictaminó hace cuatro meses, el 27 de junio, que la mayor reducción de los beneficios de asistencia social (Seikatsu Hogo) en la historia del país (entre 2013 y 2015) fue ilegal. Este fallo histórico, el primero de su tipo en el Tribunal Supremo, declaró que el recorte careció de una base técnica sólida y que el proceso de toma de decisiones del gobierno tuvo «errores y omisiones», violando la Ley de Asistencia Social.
Sin embargo, a pesar de la victoria judicial, los más de 1.000 usuarios del sistema afectados en todo el país, que dependen de este programa para una vida digna, siguen sin recibir una disculpa formal del Estado ni una compensación clara por los montos ilegalmente recortados.
Ante la falta de respuesta, los demandantes celebraron ayer una concentración de protesta en Tokio exigiendo al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (Kosei Rodo-sho) una pronta reparación del daño y una disculpa. «Pensé que la sentencia de la Corte Suprema me devolvería un poco de tranquilidad a la vida, pero no hay disculpa y el dinero de los beneficios que me quitaron no será devuelto. ¿Se puede permitir algo así?», exclamó Makiko Narumi, una de las demandantes de Hokkaidō, ante los cerca de 800 manifestantes reunidos en Toranomon, Tokio.
CRÍTICAS A LA «FALTA DE SINCERIDAD» DEL MINISTERIO
El equipo legal de los demandantes criticó duramente la respuesta del ministerio. El abogado Tetsuro Kokubo criticó la actitud del ministerio por su «extremada falta de sincera y por trivializar a las partes afectadas». Agregó que sospecha que el ministerio está intentando «minimizar el significado de la sentencia y regatear la cantidad de la compensación».
Tras la sentencia, el Kosei Rodo-sho estableció un comité de expertos para considerar la respuesta a seguir, celebrando hasta la fecha seis reuniones. Sin embargo, a los demandantes y sus representantes se les ha negado el acceso a la sala, obligándoles a seguir las deliberaciones únicamente a través de transmisiones en vivo por YouTube.
Aunque en la segunda reunión del comité, en agosto, se permitió a los demandantes y sus abogados emitir una opinión como referencia, el tono fue de confrontación. Los demandantes criticaron el statu quo: «No decidan sobre nosotros sin nosotros», y «¿Puede haber un juicio justo e imparcial en un comité de expertos donde la parte perdedora (el Estado) controla todo?».
Al finalizar su declaración, solicitaron «al menos que se les permitiera observar el resto de la reunión», pero el presidente del comité, Masahiko Iwamura, profesor Emérito de la Universidad de Tokio, denegó la petición, obligando a los demandantes a retirarse.
Posteriormente, el lado de los demandantes presentó una carta de protesta al presidente Iwamura, acusando al comité de «ignorar e insultar a las partes afectadas». De forma paralela, continúan las negociaciones directas entre el ministerio y los demandantes, pero estas no han avanzado significativamente. Los demandantes han solicitado la presencia de funcionarios de «nivel de jefe de sección o superior» para garantizar un diálogo con autoridad, pero su solicitud no ha sido cumplida, lo que dificulta la obtención de una compensación y una disculpa pública. (RI/AG/IP/)
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