Japón se encuentra en una encrucijada crítica: mientras el gobierno de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, impulsa un endurecimiento de la política migratoria, el país enfrenta una inminente escasez de 11 millones de trabajadores para 2040. La necesidad de mano de obra extranjera para mantener servicios esenciales, como tiendas de 24 horas, agricultura y cuidado de ancianos, choca de frente con la creciente ansiedad pública sobre la inmigración.
El 21 de octubre, el recién formado gobierno de Takaichi, en coalición con el Partido Innovación de Japón (Nippon Ishin no Kai), creó un nuevo puesto ministerial: Ministra a Cargo de la Promoción de una Sociedad de Coexistencia Ordenada con Extranjeros, asignado a Kimi Onoda Kimi.
La ministra Onoda anunció que revisará políticas y sistemas relacionados con los extranjeros, citando la preocupación ciudadana por la «utilización inadecuada del sistema» y «actos criminales o problemáticos» por parte de algunos extranjeros. Entre las medidas ya consideradas se encuentra el endurecimiento de los requisitos para la «visa de gestión y administración» (Keiei Kanri Visa) y la rigurosidad en los exámenes para la conversión de licencias de conducir extranjeras.
No obstante, muchas voces sostienen que la creación del puesto de Onoda es solo una respuesta política antes que una solución a los verdaderos desafíos que plantea la ineludible necesidad de más mano de obra de extranjera. La ofensiva nacionalista del partido Sanseito durante las elecciones de julio pasado exacerbaron la xenofobia y para cosechar votos y quitarle seguidores al gobernante Partido Liberal Democrático.
LA PROFUNDA CRISIS LABORAL
A pesar de la retórica de control, la escasez de mano de obra en Japón es severa y crónica. Suzuki Tomoya, investigador asociado principal del Instituto de Investigación Básica de Nissei, declaró a la revista Friday que la política migratoria japonesa ha seguido históricamente una «ruta de expansión» y que el impasse actual es una «buena oportunidad para detenerse y optimizar los sistemas».
El problema a futuro es de escala: El Instituto de Investigación Recruit Works, en su informe ‘Future Forecast 2040’, proyecta que la escasez de suministro de mano de obra se disparará a 3,41 millones para 2030 y a 11 millones para 2040. Esta última cifra equivale, aproximadamente, a la fuerza laboral actual de la región de Kinki (que incluye Osaka y Kioto).
Akihisa Ito, vicedirector del Instituto de Desarrollo de la Vida General de Rengo (Rengo Soken), también citado por la revista, advierte que hay un límite en lo que la movilización de mujeres y ancianos puede lograr para suplir esta necesidad.
REALIDADES LOCALES Y COEXISTENCIA
La dependencia de la fuerza laboral extranjera ya es un hecho en muchas regiones.
- Kawakami-mura (Prefectura de Nagano): Un pueblo de 3.800 habitantes que, en verano, acoge a cerca de 1.000 trabajadores agrícolas extranjeros para las cosechas de lechuga y otros vegetales.
- Oizumi-machi (Prefectura de Gunma): Una ciudad de 41.000 habitantes donde 9.000 residentes son extranjeros (casi el 22% de la población), principalmente brasileños, peruanos y nepaleses, que trabajan en la industria manufacturera de autopartes y electrónica.
En Oizumi-machi, la ciudad está promoviendo activamente diversas iniciativas pioneras a nivel nacional para la coexistencia, como la difusión de información sobre las normas de recogida de basura a través de programas multilingües. Los mismo ocurre en los vecinos municipios de Isesaki y Tochigi.
El crecimiento de la población extranjera ha sido impulsado por la flexibilización de la Ley de Control de Inmigración de 2018, que permitió pasar de la aceptación de trabajadores temporales a la de aquellos destinados a la fijación a largo plazo. Hoy, la proporción de residentes extranjeros en Japón ha superado el 3% de la población total, sumando más de 3.76 millones.
BENEFICIO EMPRESARIAL VS. CARGA MUNICIPAL
A pesar de la necesidad económica, el descontento social se dirige a menudo hacia la población extranjera, exacerbado por la inflación y la preocupación por el aumento de los precios inmobiliarios.
Mamiko Chitani, investigadora principal de Rengo Soken, subraya que los extranjeros son vitales en sectores de «servicios intensivos en mano de obra» como el cuidado de ancianos, donde los salarios son bajos y los japoneses no quieren trabajar. No aceptarlos implicaría una caída en el nivel de vida de los propios japoneses.
Otros observadores sociales apuntan al principal obstáculo para la «coexistencia social»: el «desequilibrio entre beneficio y carga». Las empresas que contratan a extranjeros son las «beneficiarias», pero las municipalidades y comunidades locales soportan la «carga» de la integración en educación, infraestructura, servicios.
Otro problema crítico es la educación de los niños extranjeros. Aunque tienen derecho a la educación obligatoria, no están obligados a recibirla, y muchos padres que planean regresar a su país no los matriculan, un problema que arrastra desde hace 30 años, cuando ocurrió la gran inmigración de nikkeis latinoamericanos. Quienes sí asisten enfrentan barreras lingüísticas que pueden llevar a la deserción, perpetuando un ciclo de pobreza que, según se teme, podría derivar en criminalidad y una mayor preocupación social.
Los expertos concluyen que la coexistencia no puede dejarse únicamente en manos de las comunidades locales; el gobierno central debe tomar la iniciativa, aportando presupuesto y liderando la colaboración intergubernamental, pues la mera estrictez en las normas de aceptación no es una solución a la inminente crisis laboral. (RI/AG/IP/)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
