La Policía de Hokkaido realizó ayer una serie de registros en las oficinas de la empresa Success Kanko, operadora del zoológico privado North Safari Sapporo, así como en las viviendas de sus directivos actuales y anteriores. La medida forma parte de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Planificación Urbana y a la Ley de Planificación del Uso del Territorio.
De acuerdo con fuentes policiales, la compañía había construido instalaciones como recintos y cobertizos para animales en una zona sujeta a regulación urbanística, sin contar con la autorización necesaria. Estas obras se realizaron desde antes de la apertura del parque, en julio de 2005, y continuaron durante años pese a los repetidos requerimientos de las autoridades locales.
Además, la policía investiga la compra en enero de 2024 de unos 98.000 metros cuadrados de terreno a una organización religiosa en el área del zoológico, operación que no fue notificada según lo exige la Ley de Planificación del Uso del Territorio.
Los registros comenzaron poco después de las 08.00 horas en los domicilios de los directivos y se extendieron a la oficina central de la empresa, en el distrito de Chuo, Sapporo, donde seis agentes revisaron documentos relacionados con la gestión del parque. También se prevé una inspección dentro de las instalaciones del zoológico, que cerró oficialmente a finales de septiembre.
El municipio de Sapporo había detectado en octubre de 2004 la existencia de obras no autorizadas y había ordenado su regularización. Sin embargo, North Safari Sapporo continuó expandiéndose sin permiso y, para diciembre del año pasado, acumulaba 183 construcciones ilegales. En la última inspección municipal, realizada el 18 de septiembre de este año, aún permanecían 122 estructuras sin retirar.
Aunque la empresa ha anunciado su intención de desmantelar todas las instalaciones antes de finales de 2029, la ciudad ha fijado un plazo mucho más corto: el 26 de diciembre de este año. Si el retiro no se completa antes de esa fecha, el municipio emitirá una orden formal de demolición, con posibles sanciones adicionales.
Según datos del municipio, el zoológico albergaba 640 animales a finales de 2024, incluyendo leones, tigres y otras especies de gran tamaño. Tras el anuncio de cierre en marzo de 2025, comenzó el traslado de los ejemplares, pero hasta principios de septiembre aún permanecían más de 300 en el recinto.
La legislación japonesa establece que las construcciones no autorizadas en zonas de regulación urbana pueden ser sancionadas con multas de hasta 500.000 yenes o penas de prisión de hasta un año. En el caso de omitir la notificación de transacciones de terrenos, la multa puede alcanzar un millón de yenes o una pena de hasta seis meses de cárcel. (International Press)
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