El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha emitido una sentencia sin precedentes que anula por completo el denominado Caso Cócteles, la investigación que durante casi una década sostuvo el Ministerio Público contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.
La decisión, adoptada por mayoría al resolver el recurso de hábeas corpus presentado por su abogada Giulliana Loza Ávalos, establece que el proceso penal vulneró el fundamental principio de legalidad penal y el derecho a la tutela procesal efectiva. El pleno del TC determinó que la investigación debía declararse nula y sin efecto desde sus inicios, abarcando tanto la investigación preliminar de 2017 como la última acusación fiscal de julio de 2025.
ACUSACIÓN POR UN DELITO INEXISTENTE
El Caso Cócteles se originó en 2016 como una ramificación del megacaso Lava Jato. La Fiscalía, bajo la dirección del Equipo Especial Lava Jato y liderada por José Domingo Pérez, acusó a Keiko Fujimori de haber recibido aportes ilícitos de empresas como Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016, que se habrían camuflado bajo el pretexto de «cócteles de recaudación de fondos». La investigación se amplió para imputar a Fujimori los delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
El fallo del Tribunal Constitucional desmantela el núcleo de esta acusación al señalar que el delito de lavado de activos en la modalidad de recepción patrimonial —la figura usada por la Fiscalía— no existía legalmente al momento de los hechos imputados. Dicha modalidad fue introducida recién en noviembre de 2016. El TC enfatizó que asumir un delito anterior a esa fecha implica una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, lo cual es una grave violación del principio de legalidad penal establecido en la Constitución.
DISTINCIÓN ENTRE POLÍTICA Y CRIMEN ORGANIZADO
El Tribunal fue más allá y descartó que la organización política de Fujimori pudiera ser tratada como una «organización criminal», desarmando otro pilar de la acusación. El TC sostuvo que el delito de organización criminal requiere de «fines delictivos y/o beneficios económicos ilícitos», lo cual, afirma la sentencia, «nada tiene que ver con una finalidad política plenamente legítima como es el ganar elecciones». Este razonamiento marca un precedente fundamental al delimitar el uso del derecho penal, impidiendo que los partidos políticos sean tratados como estructuras criminales solo por su magnitud.
La sentencia del TC ordena al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a archivar el proceso penal contra Keiko Fujimori de manera inmediata, dejando sin efecto todas las resoluciones judiciales y fiscales emitidas desde el inicio de las investigaciones.
DURO GOLPE AL EQUIPO LAVA JATO
La decisión representa un golpe institucional de gran magnitud para el Equipo Especial Lava Jato. El fallo cuestiona directamente la base legal y la metodología de las imputaciones, exponiendo una «construcción penal sobre hechos no tipificados». Esto pone en entredicho la validez de otras acusaciones formuladas bajo la misma lógica jurídica.
Keiko Fujimori, liberada del proceso que condicionó su carrera política por casi una década, saludó que el TC corrigiera «errores y arbitrariedades» y agradeció a quienes la apoyaron. En conferencia de prensa, la lideresa de Fuerza Popular lamentó que la justicia sea usada para la persecución política, pero aclaró que ella, personalmente, no denunciará a los fiscales, aunque indicó que el partido y los más de 40 coacusados, quienes han pasado por un «calvario», tienen todo el derecho de hacerlo. Además, reiteró que los aportes a sus campañas vinieron de «grandes empresarios de prestigio peruanos» y no de Odebrecht.
EFECTO EXPANSIVO EN EL CASO
Aunque la sentencia se centra en Keiko Fujimori, sus efectos son expansivos. Dado que el TC anuló las actuaciones «desde el inicio de las investigaciones preliminares», esto afecta a toda la carpeta fiscal. En la práctica, los demás coimputados, como exdirectivos del partido, podrán invocar este mismo precedente para exigir el archivo de sus propios casos por la idéntica violación del principio de legalidad, lo que podría desmantelar el Caso Cócteles en su totalidad.
El fallo, al reafirmar la supremacía del principio de legalidad y delimitar el uso del delito de organización criminal, marca un precedente que redefinirá la justicia penal peruana, enfatizando el rol del Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales frente a posibles excesos del sistema penal. Respecto a una nueva candidatura presidencial, Keiko Fujimori aclaró que lo definirá en los próximos días. (RI/AG/IP/)
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