El gobierno japonés ha modificado la Ley de Planificación del Uso del Suelo, que ahora exige a los compradores de terrenos de cierta magnitud informar su nacionalidad, además de los datos personales y de contacto ya requeridos. La medida, anunciada por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo el 1 de octubre, busca ofrecer un panorama más claro sobre la participación de capital extranjero en el mercado inmobiliario japonés.
La reforma responde a preocupaciones por la adquisición de bosques por parte de inversores extranjeros, que podría afectar fuentes de agua y ecosistemas locales. Con la información recabada, el gobierno pretende analizar los tipos de transacciones realizadas y fortalecer el control sobre el uso del suelo.
La normativa, vigente desde el 1 de julio, obliga a los compradores a informar a los municipios sobre el precio de la transacción, el propósito de uso del terreno y, ahora, su nacionalidad, dentro de las dos semanas posteriores a la compra. En 2024 se registraron cerca de 19.000 declaraciones bajo esta ley. La obligación aplica a terrenos de más de 2.000 metros cuadrados en áreas urbanizadas y de 10.000 metros cuadrados fuera de zonas de planificación urbana.
En el caso de personas jurídicas, se debe indicar el país bajo cuya legislación se constituyó la empresa. Esto significa que si una filial de una empresa extranjera adquiere un terreno en Japón, la nacionalidad reportada será “japonesa”. La medida busca garantizar transparencia y reforzar la supervisión sobre inversiones que puedan impactar recursos estratégicos como bosques y fuentes de agua. (International Press)
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