El caso de Hideji Suzuki, exdirector de una asociación de intercambio juvenil entre Japón y China, se ha convertido en una dura advertencia para los más de 100.000 japoneses que actualmente residen en territorio chino. Tras pasar seis años encarcelado en China bajo cargos de espionaje, Suzuki señala a la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública (PSIA) de Japón como el origen de su calvario.
Suzuki fue detenido en Pekín en julio de 2016 por el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Durante siete meses estuvo bajo estricta vigilancia en un lugar designado por las autoridades y, posteriormente, fue arrestado formalmente. En 2019 fue condenado por violar la ley china contra el espionaje y permaneció encarcelado hasta su liberación en octubre de 2022. Según la sentencia, había “puesto en peligro la seguridad nacional de China como agente de la inteligencia japonesa”, algo que él rechaza.
En declaraciones a Nikkei, Suzuki reconoció que sus encuentros con un funcionario de la PSIA en Japón fueron interpretados como actividades de espionaje. Se trataba, según explica, de cenas mensuales a las que asistía a través de un contacto en común, en las que recibió en ocasiones “decenas de miles de yenes” como ayuda para transporte. “Nunca me pidieron buscar información sobre China a cambio de dinero”, afirmó. Sin embargo, fue una conversación en Pekín con un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, relacionada con la ejecución en 2013 de Jang Song Thaek —ex asesor de Kim Jong Il y enlace clave con Pekín—, lo que las autoridades consideraron prueba de espionaje.
“Mirando atrás, mi contacto con la PSIA condujo directamente a mi arresto. Me arrepiento profundamente”, señaló. Durante su interrogatorio, asegura que los agentes chinos le mostraron fotografías junto a su contacto en la agencia japonesa, lo que pone en duda, dijo, la seguridad de la información que maneja la PSIA.
Suzuki criticó además la estrategia de la agencia, que acostumbra a acercarse a ciudadanos japoneses con experiencia en China durante sus visitas a Japón. “Si tratan como potenciales informantes a todos los que conocen el país, aumentan el riesgo de que sean detenidos”, advirtió.
El caso no es aislado. Desde que China promulgó su ley contra el espionaje en 2014 —reformada en 2023 para ampliar la definición de estas actividades a documentos, datos, materiales o intereses de seguridad nacional—, al menos 17 japoneses han sido detenidos y 12 arrestados formalmente.
Suzuki también reprochó la falta de contundencia del gobierno japonés para proteger a sus ciudadanos. Comparó la actitud de Tokio con la de líderes como el canadiense Justin Trudeau o el australiano Anthony Albanese, quienes presionaron personalmente para la liberación de sus connacionales detenidos en China. “Al final, si el líder del país no interviene, nadie será liberado”, afirmó.
En julio de este año, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés publicó una guía de conductas a evitar para no levantar sospechas en China. Sin embargo, Suzuki insistió en que, incluso actuando con prudencia, “las autoridades chinas pueden interpretar cualquier cosa como espionaje”. Exigió mayor transparencia de la PSIA y la creación de un área especializada dentro de la Cancillería para asistir a los japoneses detenidos. “Desde que regresé, la agencia no me ha contactado. Al menos deberían asumir una responsabilidad moral”, concluyó. (RI/AG/IP/)
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