Un escándalo de grandes proporciones sacude al sistema de ayudas públicas en Japón: 64 asesores laborales (shakai hoken romushi) han sido identificados en los últimos tres años como partícipes en fraudes masivos relacionados con subsidios estatales, principalmente en torno al programa de Subsidios de Ajuste al Empleo (Koyo Chosei Joseikin, conocido como “Kochokin”), creado para apoyar a empresas durante la pandemia. El monto de las irregularidades supera los 11.000 millones de yenes, y varios casos ya han derivado en procesos penales con condenas de cárcel.
El esquema de fraude explotó a partir de abril de 2020, cuando el gobierno simplificó los trámites para agilizar la entrega de subsidios a las compañías que evitaran despidos y mantuvieran a su personal en situación de descanso laboral. En apenas tres años, se aprobaron 6,3 millones de solicitudes, con desembolsos que alcanzaron los 6 billones de yenes. Sin embargo, la simplificación de requisitos abrió la puerta a un “boom de subsidios” que atrajo a asesores sin escrúpulos.
Los casos detectados revelan dos patrones: algunos asesores laborales fueron engañados por empresas que falsearon información, pero muchos otros lideraron directamente las maniobras fraudulentas, asesorando a empresarios para inventar bajas de ventas, falsificar documentos o declarar pagos inexistentes de salarios.
CASOS VERGONSOZOS
Un caso emblemático es el de una ex asesora laboral condenada a 4 años y 6 meses de prisión por guiar a varios empresarios en la falsificación de solicitudes, prometiéndoles que podían recuperar el total de los salarios de sus empleados. Además de los honorarios, cobraba hasta un 20% del monto recibido como comisión. El tribunal que dictó sentencia subrayó que la mujer “abusó de un título nacional y de conocimientos especializados, dañando gravemente la confianza de la sociedad en la profesión”.
Otro proceso involucró a un ex asesor laboral que había trabajado como funcionario temporal en la Oficina Laboral de Mie. Se le comprobó la presentación de solicitudes falsas que simulaban pagos de salarios, logrando desviar unos 8.000 millones de yenes en total para diversas compañías de Hokkaido y Aichi. En julio pasado fue condenado con una pena de prisión suspendida, aunque el caso evidenció la magnitud de la red fraudulenta.
El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, junto con las oficinas laborales, ha endurecido las sanciones: publicación de los nombres de los implicados, suspensión de licencias y denuncias penales en los casos más graves. Sin embargo, expertos advierten que las medidas no son suficientes. Expertos instan a imponer sanciones más duras, como exigir la devolución de hasta el triple de lo defraudado, para disuadir nuevos intentos de fraude.
La Federación Nacional de Asesores Laborales también se encuentra bajo presión. Ha establecido cursos de ética obligatorios, disponibles en línea, pero la tasa de participación aún no llega al 100%. “Es fundamental reforzar la autorregulación y restaurar la confianza en nuestra profesión”, señaló la entidad. (RI/AG/IP/)
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