La Policía Nacional de Japón anunció hoy que establecerá un comité de expertos para estudiar la reforma de la Ley de Prevención de Transferencia de Ganancias Criminales y fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. El foco estará en los llamados «sokin baito» (empleo parcial del envío), una modalidad de trabajo ilegal reclutada a través de redes sociales y utilizada por organizaciones criminales para mover fondos provenientes de fraudes y estafas.
El esquema consiste en que particulares reciben en sus cuentas bancarias dinero procedente de delitos como las estafas telefónicas masivas y, siguiendo instrucciones de los grupos criminales, lo transfieren a otras cuentas designadas. A diferencia de la compraventa de cuentas bancarias —ya penada por la ley—, este método no implica ceder la titularidad, por lo que resulta difícil de castigar bajo la normativa vigente. Aunque en algunos casos se ha aplicado la Ley de Castigo a la Delincuencia Organizada por encubrimiento de ganancias ilícitas, demostrar que los implicados conocían el origen criminal de los fondos es una tarea jurídicamente compleja.
El comité de expertos, integrado por diez miembros entre abogados, académicos y representantes de asociaciones financieras, celebrará su primera sesión el próximo 18 de septiembre. La Policía pretende consolidar un informe con propuestas legislativas a comienzos de 2026. Entre las medidas en discusión figuran la penalización directa de los “empleos de envío”, el endurecimiento de las sanciones por compraventa de cuentas —actualmente castigada con hasta un año de prisión o una multa de un millón de yenes—, y la posibilidad de introducir nuevas técnicas de investigación encubierta.
Una de las propuestas más novedosas es que las fuerzas de seguridad puedan crear cuentas bancarias ficticias bajo nombres inventados, usarlas para infiltrarse en redes de reclutamiento de “empleos de envío” y así mapear el movimiento del dinero ilícito. Según la Policía, este método permitiría disuadir a las organizaciones criminales que dependen del uso de cuentas prestadas o vendidas.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Solo en la primera mitad de 2025, las estafas especiales conocidas como “tokushu sagi” dejaron víctimas por aproximadamente 59.7 mil millones de yenes, un nivel récord. En 2024, los fraudes de inversión y romance a través de redes sociales alcanzaron pérdidas de 127.2 mil millones de yenes, también la peor cifra registrada. Los casos de violación a la ley por compraventa de cuentas bancarias ascendieron a 4,362 en 2024, un número 3.5 veces mayor que en 2011. (RI/AG/IP/)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
