El debate sobre el controvertido proyecto de ley de prevención de espionaje vuelve a ocupar el centro de la agenda política en Japón. Impulsado por el líder del partido derechista Sanseito, Sohei Kamiya, tras las elecciones a la Cámara Alta en julio de este año, el plan de presentar esta norma en la próxima sesión extraordinaria del Parlamento ha reavivado temores históricos.
Para el escritor y periodista de investigación Koichi Yasuda, de 60 años, la iniciativa trae a la memoria la Ley de Preservación de la Paz de 1925, utilizada durante el periodo militarista para perseguir a comunistas, sindicalistas, intelectuales y cualquier voz disidente. “Siento en el ambiente una atmósfera parecida a aquella época, cuando Estado y medios se unieron para sofocar a quienes cuestionaban al poder”, advirtió Yasuda en su programa “NO HATE TV”, emitido el 24 de julio, que ha sido citado por un análisis del diario Mainichi.
El Sanseito, que logró aumentar de forma significativa su representación en la Cámara Alta, defiende la necesidad de esta legislación como un instrumento de seguridad nacional. Kamiya llegó a señalar en actos de campaña que el comunismo había intentado infiltrar al Estado japonés a través de espías y que la ley era imprescindible para proteger la “esencia del país”. Sin embargo, sus palabras han sido criticadas por tergiversar la historia y por reforzar un discurso de exclusión bajo el lema “Japan First”.
Yasuda, de línea izquierdista y reconocido por su trabajo en temas de racismo, migración y memoria histórica, advierte del riesgo de que la ley pueda ser usada para estigmatizar y reprimir a minorías o activistas. En 2024 publicó “Terremoto y masacre 1923-2024”, un volumen de 600 páginas sobre las matanzas de coreanos tras el Gran Terremoto de Kanto, y ha documentado durante décadas la violencia contra kurdos en Saitama o la comunidad coreana en Osaka. Para él, el paralelismo es claro: “La lógica de quienes promueven la discriminación es sencilla: hay enemigos que deben ser eliminados. Esa misma lógica sustentó la Ley de Preservación de la Paz”.
El antecedente histórico refuerza sus advertencias. En 1928, la ley fue endurecida con la introducción del “delito de ejecución de propósito”, que permitía detener a cualquiera sospechoso de colaborar con comunistas. Así, artistas, religiosos y hasta movimientos de independencia coreanos fueron blanco de la represión. “Ese razonamiento, que reduce la disidencia a un enemigo absoluto, sigue vivo en el siglo XXI”, sostuvo Yasuda.
El proyecto de ley actual tampoco es nuevo. En 1985, el gobierno de Yasuhiro Nakasone impulsó una versión similar con penas que llegaban a la muerte por filtrar secretos de Estado. La presión de la oposición y sectores jóvenes del Partido Liberal Democrático frenó entonces la iniciativa. Sin embargo, grupos como la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo, vinculada a la Iglesia de la Unificación, han seguido promoviendo la idea durante décadas.
Yasuda teme que, bajo el pretexto de la seguridad, se habilite un marco legal para perseguir ideas incómodas o etiquetar como “espías” a periodistas, activistas o ciudadanos extranjeros. Recuerda al pastor Martin Niemöller, opositor al nazismo, para advertir que la indiferencia social ante la represión puede acabar atrapando incluso a quienes creen estar a salvo: “Si aceptamos que se limite la libertad de unos, mañana será la nuestra la que quede en entredicho”.
El debate abre así un escenario delicado: entre las preocupaciones legítimas por la seguridad nacional y el peligro de resucitar mecanismos legales que en el pasado sofocaron la diversidad de pensamiento y dañaron las bases de la democracia en Japón. (RI/AG/IP/)
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