El ministro de Justicia de Japón, Keisuke Suzuki, anunció hoy la creación de un equipo dentro de la Agencia de Servicios de Inmigración para analizar a mediano y largo plazo la política de recepción de extranjeros. La iniciativa contempla evaluar, entre otros puntos, si Japón debería establecer un límite máximo a la proporción de residentes extranjeros en el país.
Actualmente, los extranjeros representan poco menos del 3 % de la población japonesa, pero las proyecciones indican que podrían superar el 10 % hacia 2070, una cifra similar al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe intermedio publicado hoy advierte, sin embargo, que debido a la baja tasa de natalidad y al aumento sostenido de la inmigración, ese umbral podría alcanzarse antes de lo previsto.
Suzuki recordó que desde febrero se han realizado reuniones privadas con expertos para ordenar los principales puntos de debate. El documento presentado concluye que Japón debe dejar de lado un enfoque meramente reactivo y avanzar hacia una estrategia integral que involucre al gobierno en su conjunto.
El informe establece siete áreas clave para el análisis: crecimiento económico, política industrial, política laboral, sistema tributario y de seguridad social, vida comunitaria en las regiones, seguridad pública y gestión migratoria. La discusión no solo abarca el impacto del aumento de extranjeros en los salarios y condiciones laborales de los trabajadores japoneses, sino también en el sistema de bienestar social y en la seguridad.
El nuevo equipo evaluará los métodos para investigar estas repercusiones y examinará si, además de las restricciones que actualmente existen en algunos visados como el de “habilidades específicas” (tokutei gino), deberían aplicarse límites similares a otras categorías de residencia. (RI/AG/IP/)
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