Desde una perspectiva económica liberal, la decisión del gobierno japonés de endurecer drásticamente los requisitos para la visa de «Gestión y Administración» no es una medida de protección de mercado, sino un error de cálculo que frena la innovación y la inversión extranjera. Elevar el capital mínimo de 5 millones a 30 millones de yenes, junto con una batería de requisitos burocráticos adicionales, es una estrategia regresiva que contradice los principios de un mercado abierto y competitivo.
Este tipo de políticas restrictivas, justificadas bajo la excusa de «limitar el uso indebido del sistema», ignoran un principio fundamental del crecimiento económico: la inmigración cualificada y la inversión extranjera directa (IED) son catalizadores de la prosperidad. Como argumenta el premio Nobel de Economía Milton Friedman, la prosperidad no se genera por decreto, sino a través de la libre movilidad de capitales y el talento humano. Al imponer un capital inicial prohibitivo, Japón está excluyendo a la inmensa mayoría de los emprendedores, que, si bien pueden no tener una fortuna, poseen el activo más valioso: la creatividad, la capacidad de asumir riesgos y el deseo de construir valor.
La teoría del crecimiento endógeno, popularizada por economistas como Paul Romer, nos enseña que el crecimiento a largo plazo no depende solo de la acumulación de capital físico y humano, sino de la innovación tecnológica y la producción de nuevas ideas. El emprendimiento es el motor de este proceso. Un emprendedor con 5 millones de yenes puede crear una empresa tecnológica disruptiva, una consultora de nicho o un negocio de servicios que genere empleos y compita en el mercado. Elevar el requisito de capital a 30 millones de yenes no solo es una barrera para el pequeño inversor, sino que también penaliza a la clase media emprendedora global, aquella que puede iniciar un negocio con un capital razonable y escalarlo orgánicamente.
Un mercado eficiente y una burocracia competente deberían ser capaces de identificar y sancionar las malas prácticas sin imponer barreras
El economista Ludwig von Mises siempre defendió que el intervencionismo estatal, por bienintencionado que sea, inevitablemente conduce a distorsiones del mercado. La nueva normativa japonesa es un ejemplo perfecto. En lugar de permitir que el mercado seleccione a los emprendedores exitosos (aquellos cuyos negocios prosperan y se expanden, creando más empleos e impuestos), el gobierno se arroga el derecho de decidir quién es un «emprendedor legítimo» basándose en la riqueza y la validación burocrática. Esto no solo fomenta la corrupción y la ineficiencia, sino que asfixia a la competencia. Las empresas que realmente están generando valor no son las que tienen un gran capital inicial, sino las que compiten de manera más efectiva en el mercado.
La justificación de la medida, el supuesto «uso indebido» por parte de algunos solicitantes, es una excusa pobre para una política tan drástica. Un mercado eficiente y una burocracia competente deberían ser capaces de identificar y sancionar las malas prácticas sin imponer barreras que perjudiquen a la gran mayoría de los agentes económicos honestos y productivos. Es como prohibir la entrada a todos los coches a una ciudad porque un puñado de conductores comete infracciones.
En buena cuenta, la nueva regulación de visados de Japón es una medida proteccionista que va en contra de los principios de un mercado libre que el propio gobierno japonés promueve en el mundo. No aborda la raíz del problema (la ineficacia de la burocracia para auditar y controlar), sino que levanta un muro financiero que excluye a emprendedores honestos. Es un claro síntoma de que, bajo la presión política, el gobierno ha optado por la seguridad de la regulación sobre el dinamismo del libre mercado, un camino que a largo plazo podría tener un alto costo económico para el país. (RI/AS/International Press)
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