El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a realizar operaciones militares directas contra cárteles latinoamericanos clasificados por su administración como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida intensifica la lucha contra el narcotráfico y abre un nuevo y controvertido capítulo en la política exterior estadounidense.
Según fuentes, la directiva otorga al Departamento de Defensa la base legal para llevar a cabo operaciones militares, tanto en mar como en territorio extranjero, contra estos grupos. Sin embargo, esta decisión ha generado serias dudas legales y éticas, como la pregunta de si la muerte de civiles —incluso sospechosos de crímenes— que no representen una amenaza directa podría ser considerada un «asesinato» si ocurre fuera de una zona de conflicto armado.
ESCALADA CONTRA PANDILLAS Y MADURO
Desde su retorno al poder en enero de 2025, el presidente Trump ha endurecido significativamente sus políticas contra el narcotráfico. Ha desplegado a la Guardia Nacional y a tropas del ejército regular en la frontera suroeste, y ha ordenado al Departamento de Estado clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas.
En febrero, grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron formalmente reconocidos como terroristas. Hace dos semanas, se añadió a la lista al Cártel de los Soles de Venezuela, supuestamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno.
Coincidiendo con estos movimientos, el 7 de agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado duplicaron la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, ofreciendo hasta 50 millones de dólares. La fiscal general, Pam Bondi, lo calificó de «jefe de un cártel» y aseguró que «no escapará de la justicia» por sus «crímenes atroces».
PRECEDENTES Y CONTROVERSIA INTERNACIONAL
El historial de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en América Latina ha estado marcado por la controversia. En 1989, el presidente George H. W. Bush envió a más de 20.000 soldados a Panamá para arrestar a Manuel Noriega, acusado de tráfico de drogas por EEUU. Esta acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU como una «violación flagrante del derecho internacional».
La nueva directiva de Trump revive estos debates y plantea interrogantes sobre la soberanía de los países latinoamericanos y las consecuencias de la intervención militar estadounidense en la región, en un esfuerzo por combatir el crimen organizado con métodos que podrían traspasar los límites del derecho internacional. (RI/AG/IP/)
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