El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de soborno de testigos y fraude procesal. Se convierte así en el primer exmandatario colombiano en recibir una sentencia penal en la historia del país.
La decisión fue tomada por la jueza Sandra Heredia, quien ordenó este viernes la ejecución inmediata de la pena, desestimando el pedido de la defensa de que Uribe continúe en libertad mientras se resuelven los recursos legales. Según el documento judicial, filtrado antes de su lectura oficial, la jueza argumentó que debido a “su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta”, por lo que su detención domiciliaria es necesaria para “preservar la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”.
Durante la audiencia, Uribe reiteró su inocencia y aseguró que “faltó investigación” y que “para condenar, predominó la política sobre el derecho”. Su equipo legal ya ha apelado la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá pronunciarse antes de octubre, fecha límite antes de la prescripción de los delitos.
El fallo llega tras más de una década de una intensa batalla judicial. El caso se remonta a 2012, cuando el entonces congresista Iván Cepeda vinculó a Uribe con la creación del grupo paramilitar Bloque Metro en Antioquia. En respuesta, Uribe denunció a Cepeda por presunta manipulación de testigos, pero en 2018 la Corte Suprema desestimó esa denuncia e inició, en cambio, una investigación contra el propio Uribe.
LA LLEGADA DE LUZ CAMARGO A LA FISCALÍA
En 2020, la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria por considerar que existían riesgos de obstrucción a la justicia. Uribe renunció entonces a su curul en el Senado, lo que trasladó el caso a la justicia ordinaria. A pesar de los intentos de la Fiscalía por cerrar el proceso por falta de pruebas, la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, nominada por el presidente Gustavo Petro, reactivó el caso y derivó finalmente en el juicio que culminó esta semana con la condena.
Uribe fue absuelto del cargo de soborno simple, pero fue hallado culpable de inducir a terceros a manipular testigos para desvirtuar las acusaciones en su contra.
El fallo ha generado una ola de reacciones políticas. El partido Centro Democrático, fundado por Uribe, convocó a una manifestación de apoyo para el próximo 7 de agosto y emitió un comunicado en el que afirma: “Respetamos las instituciones y creemos en la justicia, pero también estamos convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente”.
Paralelamente, la defensa de Uribe presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por “acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial”, en referencia a declaraciones recientes en las que el mandatario aludió a los vínculos del expresidente con el paramilitarismo.
Petro, en un mensaje publicado en X el 29 de julio, señaló: “El tema central de la investigación es cómo se fundó el bloque Metro de los paramilitares de Antioquia y por qué lo exterminaron los mismos paramilitares”, y agregó que Uribe podría declarar ante la JEP (Justicia Especial para la Paz) para “entregar una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”.
La JEP, creada tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, prioriza la reparación y el esclarecimiento de la verdad para las víctimas del conflicto armado colombiano.
El senador Iván Cepeda, pieza clave en el origen del proceso, declaró que el fallo abre posibilidades para “desentrañar lo que Uribe quiso encubrir”, y reiteró su ofrecimiento al expresidente para que acceda a un acuerdo que le permita contar públicamente la verdad. (RI/AG/)
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