Tres presos condenados a muerte en Japón han solicitado al Tribunal de Distrito de Osaka que ordene al Estado la entrega de documentos que detallen cómo se lleva a cabo la ejecución por ahorcamiento en el país. La petición, presentada este jueves, forma parte de una demanda mayor en la que los reclusos argumentan que la pena capital japonesa, tal como se ejecuta actualmente, podría violar el artículo 36 de la Constitución, que prohíbe expresamente las penas crueles o inhumanas.
Los documentos requeridos incluyen planos de los lugares de ejecución en los centros de detención de Tokio y Osaka, la sala donde el personal acciona el botón que activa la caída del condenado, así como información detallada sobre el tipo de soga utilizada —su material, grosor y longitud—, además del uso de esposas y vendas en el procedimiento.
Los demandantes alegan que la sociedad japonesa solo conoce la ejecución por ahorcamiento a través de imágenes difusas o suposiciones, y que es necesario revelar la realidad concreta del proceso para determinar si puede considerarse una forma de castigo cruel, tal como lo prohíbe la Constitución.
Aunque en 2010 el gobierno permitió por primera vez el acceso de los medios a la sala de ejecuciones del Centro de Detención de Tokio, todos los instrumentos —incluida la soga— fueron retirados de la escena bajo el argumento de preservar la “estabilidad emocional” de los reclusos. El centro de Osaka nunca ha sido mostrado públicamente. En 2023, la Federación de Colegios de Abogados de Kinki solicitó una inspección del lugar, pero el gobierno se negó con el mismo argumento.
La demanda fue presentada en noviembre de 2022 por los tres condenados recluidos en Osaka, quienes aseguran que el Estado no puede afirmar que el método no es cruel si no presenta pruebas concretas. Por su parte, el gobierno ha sostenido que el ahorcamiento no constituye una pena cruel según la jurisprudencia existente, y ha solicitado que el caso sea desestimado por considerarlo “improcedente”.
En declaraciones al diario Asahi, los abogados de los reclusos han insistido: “Si el Estado afirma que no es un castigo cruel, entonces debe demostrarlo”. Añaden que conocer con precisión el lugar y los instrumentos utilizados en las ejecuciones es el punto de partida para cualquier debate serio sobre la constitucionalidad de la pena de muerte en Japón. (RI/AG/IP/)
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