El nuevo plan “Cero Inmigrantes Ilegales” presentado por la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón (Nyukan cho) ha generado una intensa controversia tras la publicación de un comunicado oficial de oposición por parte de la presidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Japón, Reiko Fuchigami. El plan busca reducir a la mitad, en cinco años y medio, el número de personas que rechazan ser deportadas, estimado en unas 3.000.
En su declaración del 22 de julio, la presidenta Fuchigami denunció que el plan podría violar los derechos humanos de extranjeros protegidos por normas internacionales. Argumentó que la política parte de la premisa errónea de que todas las personas en situación irregular son “extranjeros que no respetan las normas y generan inseguridad en la población”, cuando en realidad muchos de ellos enfrentan situaciones extremas, como violencia doméstica o trata de personas, que les impiden regularizar su estatus.
Fuchigami también alertó sobre el peligro de reforzar estereotipos discriminatorios: “Atribuir el deterioro de la seguridad a la mera presencia de extranjeros sin estatus migratorio perpetúa prejuicios y puede alimentar actos de exclusión y xenofobia”.
A la crítica se sumó Amnistía Internacional Japón, que el 25 de julio publicó una carta abierta pidiendo detener el plan por considerarlo contrario a los principios del derecho internacional de derechos humanos.
JAPÓN INSISTE EN LOS RIESGOS DE SEGURIDAD
La Agencia de Inmigración respondió por escrito reconociendo el comunicado del gremio de abogados, pero aseguró no estar en posición de comentar individualmente declaraciones emitidas por organizaciones externas. No obstante, defendió la necesidad del plan “Cero” como una respuesta a las crecientes preocupaciones sociales en torno a personas extranjeras que incumplen las normas migratorias.
En su argumentación, el organismo afirmó que Japón ha procurado recibir activamente a extranjeros que respetan las leyes, pero también tiene el deber de impedir el ingreso o la permanencia de quienes representen un riesgo para la seguridad y la tranquilidad del país. “Debemos proceder con deportaciones eficaces, incluso frente a quienes abusan del sistema de solicitud de asilo”, señaló la agencia.
El gobierno insistió en que su objetivo no es generalizar ni discriminar, sino proteger la convivencia armónica, creando una sociedad “donde los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad junto a los extranjeros que cumplen las reglas”.
Hasta ahora, el gobierno japonés y los partidos políticos derechista y antiinmigrantes atacan la ilegalidad y a los extranjeros en general sin considerar que los delitos comunes son cometidos por ladrones y bandas organizadas que se hacen pasar por estudiantes y aprendices para ingresar legalmente a Japón. (RI/AG/International Press/)
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