El ambicioso objetivo del gobierno japonés de establecer un salario mínimo promedio nacional de 1.500 yenes por hora durante la década de 2020 parece aún lejano. Según cálculos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, para alcanzarlo en los próximos años sería necesario un aumento sostenido del 7,3 % anual, una meta que supera ampliamente el ritmo actual.
Este jueves, el Consejo Central de Salario Mínimo —órgano asesor del Ministerio— inició las deliberaciones para fijar las directrices del año fiscal 2025. En su sesión, representantes de trabajadores, empleadores y expertos académicos comenzaron a discutir el nuevo reajuste salarial. Sin embargo, los márgenes actuales reflejan una distancia considerable con el objetivo gubernamental.
En 2024, el salario mínimo promedio nacional alcanzó los 1.004 yenes, con un incremento del 5,1 %, el más alto registrado hasta la fecha. Aun así, la cifra se encuentra a casi 500 yenes del objetivo trazado por el Ejecutivo. La falta de datos económicos sólidos que respalden aumentos más agresivos dificulta la viabilidad de un avance más acelerado.
El aumento del salario mínimo se ha convertido en una pieza central de la política redistributiva del gobierno, que busca elevar el poder adquisitivo de los hogares frente al encarecimiento sostenido de productos básicos. No obstante, muchos empresarios advierten que subidas pronunciadas podrían afectar la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas.
A FALTA DE LOGRAR LA META… LA AYUDAS DE ISHIBA
En paralelo, el primer ministro Shigeru Ishiba insinuó que las ayudas directas en efectivo anunciadas para este año podrían extenderse en el tiempo. Durante una entrevista con la cadena BS Fuji, Ishiba dijo que no descarta que los pagos —de 20.000 yenes por persona y 40.000 yenes para menores y personas de bajos ingresos— se repitan mientras persista la presión inflacionaria.
“La meta es que el alza de los salarios supere el incremento de los precios. Por eso, no puedo decir hasta cuándo continuará este tipo de apoyo”, declaró el mandatario, en referencia a los subsidios que el gobierno espera implementar antes de fin de año.
Estas declaraciones reavivan el debate sobre las medidas necesarias para sostener el consumo interno sin agravar el déficit fiscal. Al mismo tiempo, reflejan la presión que enfrenta el gobierno para responder de manera tangible al descontento ciudadano por la pérdida del poder adquisitivo. (RI/AG/IP/)
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